El Tribunal Supremo todavía no se ha dignado a publicar la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero en los últimos días se ha podido ir conociendo a los cinco ilustres magistrados conservadores, frente a las dos progresistas, que la han hecho posible. A más del omnipresente Manuel Marchena, se destaca también la figura de Antonio del Moral, un ferviente militante del Opus Dei que ha condenado al fiscal, pero que defiende públicamente no respetar el derecho de sumario, tipificado en la ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”, expone el artículo 301 de la norma, contemplando multas para las partes participantes en el juicio que pudieran incurrir en tal delito. Pero a del Moral no solo le parece correcto que, en la práctica, esto no se cumpla en casi ninguna causa, sino que considera que es algo positivo que se vulnera la ley y los derechos de aquellos que están siendo juzgados.
Afortunadamente no se cumple y posiblemene no deba cumplirse
“No es real”, reconoce sobre el respeto al secreto de sumario, algo que califica como una fortuna. “Afortunadamente, está feo que se oiga en boca de un magistrado, no se cumple y esto es una obviedad. Y posiblemente no deba de cumplirse porque eso lastraría nuestra sociedad constitucional, al menos entendido en esos términos tan taxativos”, traslada el magistrado en una conferencia que ahora ha saltado a la actualidad. Una prueba de vídeo de su postura, quizá algo demasiado evidente para lo que suele atender el togado del Supremo.
“Los juristas nos resistimos a decir abiertamente eso (que no hay que cumplir la ley), pero no seamos hipócritas, cuando el artículo 301 dice que las diligencias del sumario serán secretas y el abogado que comunique alguna diligencia será sancionado con una multa y hay unos artículos en el Código Penal que castigan la revelación de secretos del sumario, aunque con unas cuestiones en las que ahora no me meto que no son aplicadas, somos conscientes de que ese artículo no se aplica”, añade en el vídeo que ha revelado Antonio Maestre en Twitter.
Un claro ejemplo más de que las tres derechas del Estado han montado un juicio para acabar con la carrera de García Ortiz, sin siquiera respetar las leyes que enarbolan. Una causa basada en un bulo, diseñado por su brazo político y difundido por su brazo mediático, para salvar al novio de Isabel Díaz Ayuso y castigar al Gobierno central. En esta operación, era indispensable que el brazo judicial siguiese la orden de José María Aznar –“quien pueda hacer que haga”- y los magistrados no han fallado a la cita. Fallo sin sentencia ni pruebas concluyentes e inhabilitación a medida.
Quién es Antonio del Moral
Antonio del Moral (66 años), procedente de la carrera fiscal, ingresó en el Supremo en 2012, durante la presidencia de Carlos Dívar y en una plaza para juristas de reconocida competencia. De perfil conservador y católico practicante, su pertenencia al Opus Dei es pública, forma parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre jueces de esa sensibilidad. Sin ocupar cargos políticos, su entorno ideológico lo sitúa cercano a las tesis del Partido Popular.
Algo que también apuntan algunas de sus sentencias, muchas de ellas polémicas. Fue ponente del auto de archivo (2016) de la causa contra María José García-Pelayo, exalcaldesa de Jerez y diputada del PP, investigada en una pieza de Gürtel. El tribunal cerró el caso con el controvertido argumento de que la regidora “no sabía lo que firmaba” en contratos amañados, contra el criterio de la fiscalía y el sentido común.
Dos años antes, integró el tribunal que anuló una condena a un policía en un asunto de narcotráfico vinculado a Schola Iuris, centro en el que Del Moral impartía clases, lo que desató las críticas por lo que algunos consideraban que era, a todas luces, un conflicto de intereses. Además, en línea con su independencia, ha mostrado abiertamente una postura beligerante con algunas reformas del Gobierno y fue el único magistrado del Supremo que secundó la huelga de jueces y fiscales de junio de 2023.