Las fiscales del caso Leire, Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, han enviado un escrito al magistrado instructor, Santiago Pedraz, en el que le informan que, pese a existir indicios, consideran "precipitado" imputar al PSOE como ha solicitado el PP porque todavía quedan diligencias por practicar según ha adelantado ElDiario.es.
Entre esas diligencias que todavía no se han practicado hay una de suma importancia para las fiscales, la declaración como imputado del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Será ahora el juez el que, tras recibir el informe del Ministerio Público deba decidir si finalmente imputa o no al partido liderado por Pedro Sánchez en plena precampaña.
El PP pide la imputación del PSOE en el ‘caso Leire’
Este martes, la acusación popular que lidera el PP solicitaba al juez Pedraz que cite como investigado al PSOE en esta causa al considerar que las actuaciones practicadas"confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" del exsecretario de Organización socialista.
Así lo solicitaron en un escrito, en el que interesaban atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".
La acusación recordaba que el juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista, a Cerdán y a abogados por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno. Así, relataban que la presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido".
También recogían que, supuestamente, "intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Carmen Pano", la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; presuntamente "trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" y ve evidencias de que "abonó aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a las subvenciones electorales públicas percibidas por el propio partido".
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