Su nombre es Manuel García Castellón y es el juez que investiga varios de los casos de corrupción más importantes del país. Un rápido repaso por su trayectoria y decisiones, sobre todo en lo relativo al caso Púnica, Lezo y Tándem, ponen de manifiesto que es el juez estrella de la derecha; tal y como se puede leer en su biografía no oficial publicada por Los Genoveses. El magistrado se ha situado desde hace unos días en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, organismo que ha tenido que recurrir el archivo de varias causas abiertas y en las que denegaba determinadas diligencias que obstaculizan la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Las acusaciones populares del caso Púnica, ADADE y PSOE, han sumado fuerzas con Anticorrupción y han registrado un recurso contra los autos de García Castellón, quien pretende dar por concluida la fase de instrucción y celebrar ya el juicio oral, imponiendo un plazo de tres días a las partes para que presenten sus respectivas alegaciones, tal y como publica El País.
Tanto ADADE como PSOE recuerdan que ya en el año 2018, el instructor del caso rehusó incorporar al sumario varias pruebas obtenidas en diferentes registros a los dirigentes populares. Pruebas que, sin embargo, han sido incorporadas hace pocos días -unos tres años después-. Las acusaciones populares censuran que no han tenido tiempo de realizar una investigación adecuada. Además, lamentan que el juez no haya ordenado a las autoridades competentes la elaboración de informes sobre esos materiales.
Malestar en Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción no aprueba ni mucho menos las decisiones tomadas por el magistrado García Castellón, tal y como demuestran sus últimas actuaciones. Y es que, el Ministerio Público ha recurrido en los últimos meses hasta tres piezas separadas de la trama Púnica.
La primera de ellas está relacionada con las recalificaciones de Valdemoro, causa contra dos empresarios de la construcción de dicha localidad y representantes del Corte Inglés. Se investiga una presunta recalificiación de terrenos fraudulenta que supuso un perjuicio para el ayuntamiento, gobernado por el PP.
En dicha instrucción, Anticorrupción acusó a García Castellón de vulnerar el derecho “a la tutela judicial efectiva”, de archivar la causa contra los constructores “sin esperar a conocer el resultado de un informe pericial”, y de contestar a los recursos de la fiscalía y de ADADE “negando valor a los datos objetivos extraídos de las fuentes de prueba utilizados en la causa”. Asimismo, el Ministerio Público desliza que incurrió “contradicciones y razonamientos ilógicos”, concluyendo que se acordó un “sobreseimiento prematuro”. Finalmente, la Audiencia Nacional ordenó continuar la investigación y los implicados continúan imputados.
En el caso del presunto desvío de fondo públicos de la Comunidad de Madrid a distintas empresas privadas, entre otras Indra, la Fiscalía solicitó más diligencias para profundizar en la investigación, pero el juez lo rechazó. Tildó la solicitud de “innecesaria e inútil”, argumentando que no era sino “un goteo en la solicitud de diligencias sin justificación alguna en base a datos que constan en el sumario desde 2017”, argumentó el juez.
En este punto, el Ministerio Público respondió recordándole que llevaba más de tres años sin incorporar las mentadas pruebas de los registros a dirigentes populares; al tiempo que afeó que se rechazaran también nuevas vías de investigación sobre Indra.
En marzo de este mes, el juez llegó a firmar el sobreseimiento provisional de la causa contra Indra, asegurando que “no ha quedado acreditado un incumplimiento grave de los deberes de control, vigilancia o supervisión por parte de la entidad respecto a la actuación de sus empleados y además al haberse constatado la adopción y ejecución, antes de la comisión del delito, de un modelo eficaz de prevención supervisado por un órgano autónomo”.
García Castellón mantenía a varios directivos de Indra imputados, pero salvaba a la compañía pese a que la Fiscalía considera que “colaboró en el pago a empresas amigas del PP-Madrid a través de la contratación fraudulenta de éstas”. Anticorrupción recurrió el archivo provisional atribuyendo al magistrado “un modo de razonar ilógico y arbitrario”.
Un juez en tela de juicio
La displicencia que exhibe Anticorrupción para con García Castellón está más que justificada, y no únicamente por sus polémicas decisiones. Su criterio está en tela de juicio desde hace tiempo por sus múltiples conexiones con el Partido Popular que recoge fastuosamente la biografía no oficial de Los Genoveses. Y cada paso que da, la sombra de la duda es mayor.
Hace pocas semanas, García Castellón volvió a ganarse a pulso su lugar en el epicentro de la polémica cuando el 20 de abril, en vísperas de la campaña electoral del 4M, exoneró de forma inesperada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, imputada desde 2019 por los delitos de prevaricación y cohecho. La decisión no contó con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Decisión, por cierto, que coincidió en el tiempo con la Medalla de Oro que entregó Isabel Díaz Ayuso a su predecesora al concluir la campaña electoral.
En concreto, Cifuentes estaba imputada por la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, donde participó de una manera que, según el juez que ahora archiva su causa, “conculcaba la legalidad vigente”. El servicio de cafetería fue adjudicado al Grupo Cantoblanco, del entonces jefe de la patronal madrileña, Arturo Fernándéz. Y Cifuentes, de manera supuestamente irregular, era al mismo tiempo miembro del comité de expertos que valoraba, según García Castellón, "de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor del Grupo Cantoblanco", y presidía también la mesa de contratación que adjudicó el contrato.
Además, Cifuentes era miembro del patronato de Fundescam, la polémica fundación del PP que habría servido para canalizar la financiación irregular del partido en época de Aguirre. Arturo Fernández donó ingentes cantidades de dinero a Fundescam cuando Cifuentes estaba en la fundación. Así las cosas, la expresidenta madrileña era al mismo tiempo experta para valorar la oferta de Arturo Fernández, la encargada de darle el contrato y patrona de la fundación donde donaba el interesado. Sin embargo, García Castellón creyó que, tras las pesquisas realizadas, “no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que la señora Cifuentes tuviera conocimiento de quienes eran los donantes de la Fundación Fundescam”.
El PSOE y ADADE recurrieron el auto dictado por García Castellón argumentando que los inficiones que condujeron a la imputación de Cifuentes no cambiaron. En esta ocasión, no obstante, la Fiscalía Anticorrupción no se sumó y se situó del lado del juez.