Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, ha solicitado al juez que instruye el caso Dina en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que desestime la querella interpuesta por Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, Dina Bousselham, la abogada Marta Flor Núñez y el fiscal Ignacio Stampa.

Según Voz Pópuli, Alejandro Luzón sostiene que la querella no ha de ser admitida debido a los escasos nexos que alberga con la investigación que se lleva a cabo en el caso Dina. En la pieza se indaga sobre si el entramado policial del excomisario Villarejo sustrajo el teléfono móvil de la que fuera asistente de Pablo Iglesias con el fin de filtrar a los medios de comunicación mensajes privados del dirigente de Podemos.

Esta interpretación concuerda con el criterio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De hecho, el miércoles, los magistrados devolvieron a Pablo Iglesias su condición de perjudicado por las presuntas actividades del ex comisario.

En este caso, los jueces subrayan que los hechos se desarrollaron en un contexto alejado a la actuación del clan liderado por Villarejo. “Al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a esta las eventuales infracciones penales correspondientes, carecían de la conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto”, destacan los magistrados, quienes recomiendan su investigación en “otro juzgado”.

Según Voz Pópuli, en el escrito remitido por Alejandro Luzón al juez que instruye el caso Dina, García-Castellón, explica que la querella de los ultraderechistas debe ser rechazada en tanto en cuanto Pablo Iglesias, como diputado en el Congreso y vicepresidente del Gobierno, se encuentra en una situación de aforamiento ante el Supremo.

La querella de Vox

Por su parte, el partido que dirige Santiago Abascal atribuye hasta seis delitos a los querellados en el marco de un chat privado entre abogados de la formación morada. En este grupo, alegan, Marta Flor Núñez reacciona a informaciones que presuntamente habría obtenido de un representante de la Fiscalía.

Vox presentó su denuncia por los delitos de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.