Sobre la ramificación judicial del ‘caso Koldo’ que se cierne sobre presuntos amaños de obra pública, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes al juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, que prorrogue por seis meses más la investigación que afecta de lleno al mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, así lo ha solicitado el fiscal Luis Pastor al tribunal de la AN, en el que se alude a “la complejidad de la causa”, sobre la cual es “altamente probable” que se necesiten practicar “nuevas diligencias de investigación”, por lo que aún no se podrá dar por concluida la investigación.

Al tiempo, se plantea como un escenario “no descartable” que puedan darse en el horizonte próximo “nuevas imputaciones” y que “está pendiente” de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitan nuevos informes sobre “contratos de adjudicación de obra pública” bajo lupa judicial.

Fue en noviembre de 2024 cuando esta pieza derivada del ‘caso Koldo’ comenzó a tomar forma y a raíz de la declaración de Aldama, quien apuntó a la existencia de un presunto “cupo vasco” que estaría bajo gestión de Cerdán. Cabe matizar que esta causa judicial cuenta con varias aristas, dividiéndose las piezas entre el Tribunal Supremo, a cargo del juez Leopoldo Puente, y lo que concierne, en esta ocasión, en la Audiencia Nacional.

El juez Moreno ha recibido el escrito de Anticorrupción en una providencia, señalando que se pronunciará sobre ella en una resolución aparte y, por el momento, continuará con las pesquisas, teniendo en cuenta que, en paralelo, pero bajo el mismo paraguas de investigación, también se encuentra estudiando los supuestos pagos en efectivo realizados por Ferraz a Ábalos y García; una línea judicial que aún continúa secreta.

Uno de los últimos movimientos conocidos sobre esta investigación trascendió el pasado mes de mayo, cuando el juez instructor agregó la confesión tanto de Aldama como de Koldo en el Tribunal Supremo en la ramificación del presunto amaño de obras públicas al considerarse “de interés para los hechos investigados”.

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional se encuentra investigando a un total de 14 imputados: al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García; a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero; al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; además de una lista de empresarios relacionados con el sector de la construcción. Los principales presuntos delitos a determinar son pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.

Koldo, en prisión

El pasado mes de abril tuvo lugar el juicio del ‘caso Koldo’ en su pieza principal en el Alto Tribunal sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y, quedando visto para sentencia, el tribunal dictaminó que los principales acusados, en este caso Koldo García, volviera a prisión en Soto del Real por posible riesgo de fuga.

Ábalos enfrenta 24 años prisión, Koldo 19 y medio y Aldama siete. A lo largo del juicio, que se prolongó en 14 sesiones y ha tenido más de 70 testigos, las preguntas giraron en torno a la presunta comisión de mordidas e irregularidades sobre los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. Los presuntos delitos que pesan sobre los tres principales acusados radican en pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación

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