Víctor de Aldama quiere intervenir directamente en la venta de cuatro vehículos de alta gama requisados por las autoridades judiciales. El empresario, condenado a una multa de 72.000 euros por delitos de organización criminal y cohecho, sostiene que puede obtener un rendimiento económico superior si localiza compradores por su cuenta, en lugar de dejar la enajenación en manos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia.
La iniciativa se encuentra ahora pendiente del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, a la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado que se pronuncie sobre la petición. El magistrado, instructor del caso hidrocarburos, debe valorar si las condiciones planteadas por la defensa ofrecen garantías suficientes para proceder a una venta anticipada de los automóviles, sin comprometer las eventuales responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse de la causa.
La propuesta de Aldama parte de una valoración conjunta de aproximadamente 760.000 euros para los cuatro vehículos: un Ferrari F12 valorado en 310.000 euros; un Range Rover rojo valorado en 250.000 euros, un Land Rover Defender negro mate valorado en 152.000 euros y un Volkswagen Golf valorado en 48.000 euros.
En el escrito presentado el 9 de octubre, la defensa del empresario expone su intención de cerrar la operación mediante una negociación privada. “Debemos significar que mi mandante ha realizado distintas gestiones tendentes a la venta de los vehículos, disponiendo de potenciales compradores interesados en adquirir los mismos en un precio de mercado”, sostiene la defensa, según el documento al que ha tenido acceso El País.
La petición no surge de manera repentina. Aldama ya había tratado de impedir, antes del verano, que la ORGA asumiera la gestión de los automóviles. Este organismo público se ocupa, entre otras funciones, de la conservación, administración y realización de bienes intervenidos, embargados o decomisados en procedimientos judiciales, conforme al régimen aplicable en cada caso.
La propia defensa admite, no obstante, que la estimación no equivale a una peritación exhaustiva. “Se trata, como decimos, de una valoración a tanto alzado, realizada con base en las características técnicas de cada uno de los modelos, pero requeriría de una evaluación y revisión en profundidad”, argumenta la letrada.
Anticorrupción impuso condiciones y el juez del caso Koldo no se opone
El procedimiento ya había entrado en esta discusión durante septiembre. El juez Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción condicionaron entonces la posibilidad de una venta particular a la presentación de una tasación, una propuesta concreta de adquisición y un plazo determinado para completar la operación.
También debía recabarse el criterio de Ismael Moreno, magistrado que instruye el caso Koldo y que mantiene a Aldama investigado en esa causa. Moreno ha comunicado que “no hay inconveniente alguno” en que se vendan los vehículos.
Ese pronunciamiento despeja uno de los obstáculos planteados, pero no debe interpretarse como una autorización general e incondicional ni como una resolución definitiva sobre la petición formulada ante Pedraz. La operación sigue sometida al control judicial correspondiente y a la valoración de Anticorrupción.
El fiscal Luis Pastor ya había contemplado la posibilidad de que una venta directa resultase económicamente más ventajosa. “Es probable”, señaló, “que si se procediera a la venta libre de los vehículos, se podría obtener un precio superior al que pudiera resultar” de su realización a través de la ORGA. La consideración introduce un argumento favorable a explorar esa alternativa, aunque no elimina la necesidad de establecer garantías sobre el procedimiento, el precio y el destino del dinero.
Vehículos vinculados a la investigación de la trama de hidrocarburos
La controversia adquiere una dimensión adicional por la procedencia de algunos de los automóviles. Según los seguimientos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados a las pesquisas, el Land Rover Defender negro fue utilizado por Claudio Rivas, socio de Aldama, y por Stella Duarte, esposa de este último. Rivas figura también entre los investigados por el presunto fraude millonario relacionado con el impago de impuestos sobre hidrocarburos.
La vinculación de determinados vehículos con personas investigadas o con hechos examinados en la causa explica la relevancia de mantenerlos bajo control judicial. Su eventual venta no prejuzga la responsabilidad penal de sus usuarios, pero exige preservar la trazabilidad de los activos y evitar que la operación interfiera en las medidas patrimoniales que pudieran acordarse durante el procedimiento.
Aldama propone disponer de seis meses para completar las transacciones, periodo que califica de “prudencial”. Su defensa sostiene que la finalidad es “lograr mejores condiciones de venta y maximizar las cantidades que serán ingresadas en la cuenta de consignaciones del Juzgado”. Según ese planteamiento, el producto de la enajenación permanecería depositado a disposición judicial mientras se resuelve la causa.
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