El periodista y locutor de radio José Antonio Abellán ha ganado la batalla judicial a la COPE después de ser denunciado por presuntos delitos de injurias y calumnias continuados y con publicidad. El comunicador ha quedado absuelto y, además, el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, da credibilidad a que miembros de la COPE y la Conferencia Episcopal "le espiaron a través de detectives privados" y acordaron "acabar con su vida".

Para entender mejor este caso, es preciso atender a la cronología de los hechos. José Antonio Abellán trabajó como director deportivo de la Cadena COPE hasta el verano de 2010, cuando decidieron prescindir de sus servicios. Desde 2015 y 2016, el locutor comienza a denunciar públicamente dos asuntos: la utilización de emisoras ilegales por parte de la COPE y el desfalco de 62,5 millones de euros a través de los conciertos benéficos que organizaban.

La denuncia de estos hechos por parte de Abellán hace saltar las alarmas en la Conferencia Episcopal, hasta el punto de que, según expone en unas declaraciones contrastadas con pruebas a las que ha dado credibilidad la Justicia, él y su familia fueron perseguidos con detectives privados, presionados y amenazados durante meses, además de abrir hasta 22 procesos judiciales contra su persona, de los cuales el primero es el referenciado en este artículo y todos las demás, según el periodista, "son exactamente iguales", por lo que previsiblemente correrán la misma suerte en juicios de escasa duración al estar toda la información ya en manos del juez. 

Bajo el amparo de la Justicia

El documento judicial, además de ratificar la absolución del periodista, contiene las siguientes afirmaciones de interés:

"El día 9 de mayo de 2018, Abellán denuncia haber sido sido seguido por tres vehículos, siendo apuntado con una pistola por el conductor de uno de esos vehículos, y haber recibido amenazas en su teléfono móvil. [...] Abellán amplió su denuncia, aportando un correo electrónico recibido en el que se le advertía de la recepción de una reunión, el día 31 de mayo, en la que Fernando Giménez Barriocanal, José María Gil Tamayo, Rafael Fernández del Puerto y José Ramón Gortazar habrían acordado con otras dos personas acabar con su vida". La versión de los denunciantes sostiene que no es posible que el propietario del vehículo citado hiciese tal cosa, ya que aportó un certificado de discapacidad para demostrar que no podía hacer ninguna otra acción mientras conducía el coche.

"Se contrató a una empresa para verificar la solvencia del acusado y que no hubiera problemas de seguridad para las personas de COPE. [...] Carlos Cano González fue responsable de la asesoría jurídica y decidió contratar detectives para hacerle un seguimiento, pues existía preocupación por si pudiera hacer algo contra algunos detectives de la empresa. Existía esa psicosis pues le llegaba información de que había amenazado a directivos de la empresa y sus familiares. También el acusado tenía deudas con la empresa y se hizo una investigación patrimonial para cobrar las deudas".

"Se constató la existencia del seguimiento denunciado por el acusado, encargado por la cadena COPE. Lejos de mover al acusado un temerario desprecio hacia la verdad, las publicaciones que ha venido realizando en la red social X, parecen guardar relación con graves hechos que están siendo objeto de investigación por la justicia, con el refrendo de la Audiencia Provincial de Madrid. [...] El acusado, en los tuits publicados, no ha hecho otra cosa que informar sobre hechos que considera ciertos. [...] Consecuentemente, de forma palmaria, faltaría el elemento subjetivo del tipo relativo al conocimiento cierto de la falsedad de los hechos, o un temerario desprecio hacia la verdad. A ello debe añadirse, que más allá de considerarse perjudicado por los hechos que denuncia, el acusado ejerce la condición de periodista, siendo los hechos de los que informa en sus tuits de relevancia social, quedando amparado por su derecho fundamental de libertad de expresión e información".

62,5 millones de euros de fraude

Regresando a los motivos por los que la emisora comenzó a perseguirle, el experiodista de la Cadena COPE denunció que la cadena se quedaba con la mayoría del dinero generado en los conciertos solidarios que organizaba. "Miembros de la Conferencia Episcopal, utilizando su herramienta, la COPE, organizan conciertos benéficos con el fin de robar más del 90% de lo recaudado. Estafan al que actúa, a ti que compras la entrada, a niños desvalidos y a mujeres con cáncer", escribió entonces el periodista en su cuenta de Twitter.

"Con este dinero, la Conferencia Episcopal lo mismo protege de la justicia a aquellos que abusan de niños, comprando el silencio de sus familias, o contratan a macarras para investigar a empleados de COPE, políticos o empresarios", añadió. En concreto, y siempre de acuerdo con la información aportada por el propio Abellán, se trata de 62,5 millones de euros defraudados a través de estos mecanismos, mientras que el pago efectuado se quedó en una cantidad muy pequeña en comparación: 400.000 euros.

Las emisoras pirata

Por otra parte, el segundo hilo de este asunto es la denuncia pública que Abellán lleva atesorando años, señalando que la COPE utiliza emisoras alegales y sin licencia para realizar sus emisiones. En una entrevista con ElPlural.com realizada en el año 2020, el periodista argumentaba que "el número de emisoras ilegales y piratas que la COPE tiene en España supera las que tiene Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos o México".

También en 2020, El Español publicaba que Cope+ Granada, Cope+ Málaga, Cope+ Córdoba y Rock FM Córdoba seguían emitiendo a pesar de haber sido clausuradas por la Junta de Andalucía por carecer de licencia. 

En un documento oficial de la Junta de Andalucía, la entonces directora general de Comunicación Social, Marta Olea, confirmaba que su departamento había comprobado el cese de estas emisoras por operar "sin título administrativo habilitante". No obstante, el Gobierno andaluz se desdijo y decidió no abrir expediente sancionador a estas emisoras. Esta es una cuestión que Abellán sigue denunciando a día de hoy.

 

Queda pendiente la resolución del resto de querellas interpuestas por la COPE al periodista, pero tal y como se ha indicado en líneas anteriores, todo apunta a que el final de las mismas será idéntico a la primera: la absolución.

Por último, cabe destacar que este medio de comunicación se ha puesto en contacto con la Cadena COPE por diferentes vías para obtener sus consideraciones sobre el tema, pero en el momento de la publicación de este artículo, no ha recibido respuesta.