La ofensiva judicial de la extrema derecha para evitar el voto de cientos de miles de españoles y airear la conspiración del amaño electoral tiene múltiples fallas. La conocida como ley de nietos lleva operando desde hace varios años, pero Vox e Iustitia Europa, apoyados por el Partido Popular (PP), recurrieron sus efectos ante el Tribunal Supremo, que aprobó unas cautelares que, en la práctica, evitarán que 163.020 personas ejerzan su derecho fundamental. Sin embargo, lo chapucero del recurso permitirá votar al 54% de los beneficiados por la norma.
La Ley de Memoria Democrática otorga la nacionalidad, y por tanto el derecho a sufragio, a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”. Estos son los poco más de 163.000 que tienen actualmente suspendido su derecho a voto.
Sin embargo, hay otros dos supuestos de concesión de nacionalidad dentro de la misma disposición adicional octava. Por un lado, “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, que apenas superan las 1.000 personas. Por otro lado, “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley”, que son 195.872.
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Estos dos últimos supuestos no se incluían en los recursos de Vox e Iustitia Europa, pese a ser el referido al último apartado el más numeroso. En consecuencia, tal y como ha adelantado el periódico El Mundo, 196.962 personas nacionalizadas gracias a la ley de nietos si podrán ejercer su derecho a voto, pues no les afectan las medidas cautelares. Una suma que representa el 54,5% del total de beneficiados, que asciende a los 359.982. A la par, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acelera para cumplir con los trámites exigidos por el Supremo.
El Gobierno acelera
El Supremo ha mandatado la revisión individual de los 163.020 expedientes de personas residentes en el exterior que recibieron la nacionalidad gracias a la ley de nietos y amenaza con responsabilidades judiciales si no se cumple su mandato. Es por ello que desde Exteriores aceleran, aunque consideran complejo cumplir con la orden con el poco tiempo otorgado por el Alto Tribunal. “Exteriores concede la máxima prioridad a esta tarea”, trasladan fuentes del departamento de José Manuel Albares, recordando que se han suspendido vacaciones y permisos.
“Los consulados y los servicios informáticos del Ministerio han trabajado en una plataforma que ya está operativa. A través de ella se trasladan de forma segura a la Oficina del Censo Electoral los datos requeridos. La Oficina ya ha recibido datos de casi una treintena de consulados. Además, la Oficina del Censo Electoral ya dispone, a través de la herramienta informática DICIREG, de los datos nominativos de más de 70.000 ciudadanos que presentaron el anexo I de la disposición adicional octava en 2025 y 2026. Los consulados están completando con la mayor rapidez posible las comprobaciones restantes”, apuntan.
Si bien lamentan los tiempos. “La Abogacía del Estado ya advirtió al Tribunal Supremo, en su informe del pasado día 9, que el tiempo hasta la cita electoral era manifiestamente insuficiente para los consulados con mayor volumen de expedientes. Señaló también que en algunos supuestos el cumplimiento resultaría materialmente imposible, pese a que Exteriores ha puesto en marcha todos sus recursos humanos y materiales”, recuerdan. No obstante, aseguran que están colaborando plenamente con el Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral.
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