La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha resuelto finalmente que ninguno de los siete empresarios condenados por prostitución de menores irá a cárcel por sus delitos. Después de suspender la entrada en prisión de cuatro de ellos durante la primera sesión de este pasado lunes, finalmente el resto de los acusados también se libran de ingresar en un centro penitenciario.
Seis de los condenados, se enfrentaban penas de cárcel que no sumaban más de 12 meses, por lo que la Sala ha dado su resolución en base al criterio de que las condenas que no superan los dos años de prisión son eludibles siempre y cuándo se cumplan unas condiciones establecidas. Por ello, los empresarios pagarán una multa y deberán no volver a cometer ningún delito, además de no poder comunicarse con las víctimas y asistir a un curso de reeducación sexual.
El Fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, que ha mostrado durante la sesión su aprobación a la suspensión de las penas de seis de los condenados, ha remarcado que al haber conformidad entre los acusados y el Ministerio Público, puede haber una resolución firme de suspensión de entrada en prisión. “El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas”, ha afirmado.
En el marco de esta sesión, una veintena de personas se ha congregado a las puertas del Palacio de Justicia para protestar contra la suspensión de las penas de los empresarios, quiénes han confesado haber mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de dinero.
La sesión de este martes
Después de que este lunes la Audiencia Provincial librara de prisión a cuatro de los siete condenados, este martes han acudido otros cinco condenados involucrados en el caso: los tres empresarios restantes, clientes de la red de prostitución de menores, y dos de las ‘mamis’ o ‘madames’, que ejercían de proxenetas.
La primera de ellos en comparecer ante la Sala ha sido una de las ‘madames’, conocida por sus iniciales Y.B.C., y cuyo abogado ha defendido que “ya ha redimido el daño” que ha causado. “Siendo justos, entendemos que esta suspensión de la condena estaría totalmente en derecho y apelamos a ella", ha expresado.
Por su parte, la condenada ha declarado que “esto es una pesadilla, estoy arrepentida; espero que la justicia vea que yo no he vuelto a delinquir". Sin embargo, en el caso de Y.B.C., la jueza ponente, Concepción Roig, ha expresado que por el momento no se emitirá ningún fallo, ya que “hay que valorar muchas circunstancias”. A pesar de ello, la magistrada ha afirmado que la decisión final se ratificará antes del próximo lunes.
Otra de las 'mamis' que también ha comparecido este martes ha sido N.C.P., cuyo abogado también ha defendido la suspensión de su pena. Sin embargo, en este caso el fiscal ha expuesto que no existían motivos suficientes como para aplicar la medida. "Todos los delitos merecen una reprochabilidad social y el tribunal tiene que partir de esa reprochabilidad social", ha expuesto.
Suspendidas todas las penas a los empresarios
También ha comparecido el empresario de 72 años, J.P.A., condenado por dos delitos de prostitución de menores a 10 meses de prisión. Como en el resto de los casos, el letrado también ha solicitado la suspensión de la pena, a lo que finalmente el fiscal ha accedido "por coherencia" con las demás resoluciones aplicadas a los seis condenados.
Por ello, la jueza ponente ha decidido suspender su condena, bajo la condición de que no vuelva a delinquir en los próximos años, además de que no se acerque a las víctimas a menos de 500 metros y del cumplimiento del resto de requisitos comunes a todos los condenados.
La Sala defiende la resolución al ser "la voluntad de las víctimas"
Además de ello y ante la avalancha de críticas que ha recibido la decisión final sobre los empresarios, la magistrada ha explicado durante la sesión de este martes que la resolución responde a la petición que han realizado cinco de las once víctimas de la red de prostitución.
Estas, supuestamente han solicitado que no se mandase a prisión a los condenados. Según la jueza ponente, estas menores, "que han sufrido enormemente", prefieren que los condenados reflexionen sobre su participación en la red. Sin embargo, otras cuatro víctimas sí han exigido a la Sala que no suspendieran sus penas y los mandasen a la cárcel, mientras que las dos restantes no se han pronunciado al respecto.