El demoledor informe de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, elaborado junto con los defensores del pueblo de varias comunidades autónomas, alarma, y con razón, porque en él se llega a afirmar que la situación actual de la Sanidad, en particular, de las Urgencias hospitalarias aumenta el riesgo de mortalidad. Pero la advertencia no es nueva, médicos y sindicatos llevan desde 2013 avisando de que los recortes del Gobierno podrían costar vidas humanas.

Rajoy niega sus recortes
Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y otros cargos del PP han negado que se hayan aplicado recortes a la Sanidad, pero lo cierto es que sí se ha hecho: se han cerrado plantas, limitado horarios de servicios, despedido a profesionales sanitarios, no se ha contratado personal para sustituir a trabajadores en situación de baja, entre otras medidas, y éste es el resultado.

Médicos residentes asumen una responsabilidad excesiva
El informe titulado “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, presentado este lunes por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, exsenadora y exdiputada del PP, pone el acento sólo sobre la situación de las Urgencias, y ha sido elaborado junto con los defensores del pueblo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Castilla y León y Navarra.

El estudio dice sin tapujos que las graves carencias en los servicios de Urgencias en los hospitales ha aumentado el riesgo de error humano y de mortalidad. Denuncia situaciones “inadecuadas” como que los médicos residentes “asuman un grado excesivo de responsabilidad", y exige "la presencia y suficiencia de profesionales adecuados".

Proponen crear especialistas en Urgencias
Los defensores del pueblo consideran que debe crearse "la definición de una especialidad médica y de enfermería de urgencias y emergencias" que forme específicamente a estos profesionales y delimite sus competencias clínicas.

Fracaso del sistema con enfermos terminales
El informe califica de “fracaso del sistema” la atención que prestan las Urgencias a pacientes en fase terminal de su enfermedad, porque con la actual situación "no resulta posible garantizarles una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados".

No se cuenta con la decisión del paciente
Falta formación de los profesionales sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la autonomía de la voluntad de las personas, según el informe de los defensores del pueblo, que denuncian que muchas veces los médicos son los que deciden “sin la participación del paciente”.

Camillas en los pasillos en Urgencias en el Hospital de Toledo



Enfermos en los pasillos
El informe también denuncia la "repetición de situaciones de saturación" en los servicios de Urgencias y critica que, tras una primera atención y a la espera de ser hospitalizados, se ubique a los pacientes en dependencias del propio Servicio de Urgencias, situación que "perturba la gestión del servicio" e impide que al enfermo se le facilite la atención que requiere.

Falta de trabajadores sociales
Consideran también que las urgencias deben contar con mas trabajadores sociales expertos en la atención a personas en situación vulnerable (discapacidad, riesgo social, maltrato o violencia, enfermedad mental), especialmente en los horarios de tarde y noche.

La deficiente atención a inmigrantes
Sobre la atención en Urgencias a inmigrantes en situación irregular, los defensores del pueblo recuerdan que tienen derecho a ser atendidos y que ese derecho no finaliza con el alta de Urgencia sino con el "alta médica", por lo que "la asistencia debe prolongarse hasta la resolución del problema de salud que dio lugar a la urgencia".
El informe cree que las Urgencias son “entornos de riesgo por estrés laboral o lugares propicios para el desarrollo del conocido como síndrome del trabajador quemado (burnout)".

Muertes en hospitales
La gravedad denunciada en el informe justifica la alarma social que pueda crearse, pero desde 2013 médicos y sindicatos vienen advirtiendo de las consecuencias de los recortes en la Sanidad aplicados por el Gobierno de Rajoy, mientras se sucedían casos de muertes en hospitales acompañadas con denuncias por negligencia y falta de servicios adecuados, en regiones como Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha (este periódico ha denunciado en múltiples ocasiones la situación de la sanidad de Cospedal), entre otras regiones.

Los médicos han advertido de que se perderían vidas
En marzo de 2013, tras la muerte de una mujer en Urgencias de un hospital de Vigo, el sindicato de enfermería Satse dejó entrever que no era de extrañar una mala praxis en el caso de aquella muerte porque el servicio en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo estaba el martes “hasta la bandera”, incluso fue necesario derivar pacientes a otros hospitales, algunos privados.

Tras aquel suceso, los médicos gallegos denunciaron en una contundente carta que los “recortes insensatos” exponían a su comunidad a una “pérdida de calidad de vida” y a la “pérdida de vidas de manera innecesaria”.

Los médicos que redactaron la carta en nombre de los facultativos de la red hospitalaria de Vigo, y que fue publicada en el diario regional Faro de Vigo, advierten de que “se perderán vidas innecesariamente”.

El servicio de Urgencias del hospital Virgen de la Salud saturado



No hay medios
“Nuestra salud se verá mal atendida, aumentarán las demoras, no tendremos acceso a nuevos tratamientos innovadores y los niveles de calidad sanitaria, como es evidente, caerán (…) Se perderá calidad de vida, se perderán años de vida útil, se multiplicará el sufrimiento, aumentará la ansiedad y, ténganlo por seguro, se perderán vidas innecesariamente”, afirmaban los médicos en su carta. “No hay medios humanos” para satisfacer la demanda de los servicios médicos por parte de los ciudadanos porque la Consejería de Sanidad y “no se cubre las jubilaciones ni las bajas” de los profesionales, añadían.

UGT denunció que la sanidad valenciana provocaba muertes prematuras
Aquel mismo año se hizo público un informe de UGT, presentado por Cándido Méndez, sobre la mala gestión de la sanidad en la Comunidad Valenciana, la primera que aplicó el modelo privado en centros públicos. Según aquel estudio, la sanidad valenciana provocaba “2.752 muertes prematuras” en un año. Basaba sus datos en información de varios ministerios (Economía, Sanidad, Trabajo e Interior) y organismos como la el INE, el CIS y otras doce entidades públicas y privadas.