El consumo de vapers crece entre adolescentes. Según una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), hecha pública en mayo de 2025, un 11,1% de menores de entre 14 y 18 años consumía cigarrillos electrónicos o vapers, pese a que la normativa solo permite la venta de estos productos a adultos. ¿Dónde los consiguen? Principalmente en plataformas de venta online que no tienen controles de menores y en establecimientos que no permiten tener un control exahustivo de venta. La falta de trazabilidad y de control sobre el origen de estos productos y los controles sanitarios agrava el problema en los canales menos supervisados.

El proyecto de ley antitabaco que impulsa el Ministerio de Sanidad y que se encuentra ahora en fase de consulta sitúa la protección de los menores como uno de sus principales objetivos. Entre otras cosas, establece la prohibición de fumar o vapear a menores y plantea sanciones económicas para los padres o tutores legales. Sin embargo, no hay ningún planteamiento de control de los puntos de venta, que es donde se produce el acceso real de los más jóvenes a estos productos. 

El acceso real: dónde compran los menores

La preocupación por el acceso de los menores a estos dispositivos no se limita al contenido del producto, sino a la facilidad con la que pueden adquirirlo. Sin controles efectivos de identificación, las restricciones sobre el producto pueden perder eficacia en la práctica. "En el fondo es una cuestión de sentido común, nadie quiere que los menores vapeen y por eso desde la asociación se recomienda evitar medidas prohibicionistas que no van a solucionar el problema", explica Arturo Ribes, presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV).

Esta organización culpa directamente del incremento del consumo juvenil a la liberalización del sector y reclama al Gobierno que solo se puedan comprar en estancos y establecimientos especializados para evitar el acceso de menores. La UPEV reclama que se regule la venta con medidas "reales y eficientes" dirigidas a minimizar el acceso de adolescentes a productos que no están pensados para ellos.

Galicia y Asturias: verificación de edad

Frente a este escenario, algunas comunidades autónomas han comenzado a reforzar el control en el punto de venta. En Galicia, la Ley 6/2025 establece la obligación de verificar la edad del comprador, incluyendo la exigencia de solicitar documentación cuando existan dudas, además de reforzar la señalización en los establecimientos. La norma también prohíbe a los menores el consumo, la tenencia y el transporte de estos productos.

En Asturias, el anteproyecto legislativo en tramitación incorpora medidas similares, con requisitos de verificación de edad, señalización y control en la venta a distancia y en máquinas expendedoras.

Tecnología para reforzar el control en tienda

Junto a las medidas regulatorias, el desarrollo tecnológico está introduciendo nuevas herramientas para reforzar el control de acceso. Entre ellas, sistemas de estimación facial de edad que permiten verificar si el comprador supera la edad legal y, en caso de duda, exigir una comprobación adicional mediante documento de identidad.

Estas soluciones se están utilizando como complemento a los controles tradicionales y buscan reducir el margen de error en la verificación en el punto de venta.

Un debate que también se traslada a Europa

En paralelo, el debate europeo sobre las bolsas de nicotina —con la prohibición impulsada por Francia y la oposición formal de Suecia— refleja las diferencias de enfoque que existen en la UE sobre cómo regular las alternativas al tabaco convencional.

Por otro lado, en el caso de la normativa española, la CNMC y la Comisión Europea han formulado observaciones al considerar que algunas medidas del anteproyecto podrían plantear problemas de encaje con la normativa comunitaria y con el funcionamiento del mercado interior. En el procedimiento TRIS, además, varios Estados miembros han reclamado mayor claridad jurídica y una mejor justificación de las restricciones planteadas.

Efectos adversos del prohibicionismo

En el ámbito de los dispositivos de vapeo, la evidencia comparada sugiere que las políticas basadas exclusivamente en la prohibición no están logrando los objetivos perseguidos en términos de salud pública. Por el contrario, en muchos casos generan efectos secundarios no deseados, como el auge del comercio ilícito, la proliferación de productos sin control sanitario y la desprotección del consumidor. En este contexto, resultaría más eficaz avanzar hacia marcos regulatorios equilibrados que aúnen los objetivos de la reducción de riesgos sanitarios con la realidad del mercado y la sociedad.

Existen ejemplos internacionales que ilustran estas dinámicas. En Australia, donde se ha optado por un modelo extremadamente restrictivo que limita el acceso a los cigarrillos electrónicos mediante prescripción médica, se ha observado un crecimiento significativo del mercado negro, con productos que escapan a cualquier control de calidad o trazabilidad. De forma similar, en India, la prohibición total de los dispositivos de vapeo no ha eliminado su consumo, sino que lo ha desplazado hacia canales informales, dificultando la supervisión de su composición y aumentando los riesgos para los usuarios.

Otro caso relevante es el de las bolsas de nicotina en Países Bajos, donde las restricciones han impulsado la compra transfronteriza y online, debilitando la capacidad de las autoridades para garantizar estándares de seguridad. Incluso en el ámbito de los cigarrillos tradicionales, experiencias como la de Sudáfrica durante las prohibiciones temporales de venta evidenciaron un aumento sustancial del comercio ilícito, cuyos efectos persisten en el tiempo.

Estos precedentes apuntan a una conclusión clara: las políticas de prohibición, aunque bien intencionadas, pueden resultar contraproducentes si no se acompañan de un diseño regulatorio realista. Una regulación equilibrada (basada en estándares de calidad, control de acceso, fiscalidad proporcionada e información al consumidor) permite avanzar en los objetivos de salud pública sin generar distorsiones que terminen agravando el problema que se pretende resolver.