Allá por septiembre de 2017 se celebró la boda del entonces vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, en la catedral situada en la Plaza Mayor de Cuenca. Fue en el mismo lugar donde se produjo una manifestación de los trabajadores de la planta embotelladora de la franquicia situada en Fuenlabrada, afectados por el ERE efectuado en dicha planta. Los afectados llegaron en autobuses a una movilización masiva para presionar a la empresa a que aplicara la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba ese ERE y obligaba a la reapertura de la planta.

El diputado de Ciudadanos en el Congreso ha solicitado cuatro años de prisión para los tres trabajadores a los que denunció por acudir a esa protesta el día de su boda. El colectivo de trabajadores de la compañía es conocido en el activismo obrero como los "Espartanos y Espartanas". De Quinto les ha denunciado por delitos de coacciones, injurias y ofensa contra los sentimientos religiosos. ElPlural.com se ha puesto en contacto con el abogado de "las Espartanas", que califica de barbaridad la demanda. "Lo que se hace es utilizar el derecho de una manera totalmente desproporcionada porque esa fue una concentración que estaba legalizada y nadie coaccionó a nadie", destaca.

El letrado reitera en que la manifestación no era contra Marcos de Quinto: "El fin de esa concentración era que todos los consejeros y directivos de Coca-Cola escuchasen las reivindicaciones de los trabajadores, que luchaban para que se cumpliese la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a readmitir a los trabajadores en sus puestos de trabajo".

Respecto a los delitos que se le asocian a las denunciadas, muestra su perplejidad, ya que piensa que ninguno de ellos corresponde con la realidad y el fin de la manifestación: "Ni se trata de coacción, ya que se desarrollaba el derecho fundamental de concentración y manifestación en el marco de un conflicto sindical, ni se le impidió a nadie entrar a la iglesia, ni circular por la ciudad ni nada similar. Respecto al tema del sentimiento religioso ni siquiera entramos a valorarlo".

Para concluir, subraya: "Se está confundiendo una concentración donde se protesta por unos derechos, con una coacción. Eso es una barbaridad, porque se atenta contra el principio básico de la Constitución española en los artículos relativos al derecho de reunión y manifestación".