El Teatro Barceló ha sido precintado este jueves por parte de la Policía Municipal bajo las órdenes del Ayuntamiento de Madrid. El recinto se encontró precintado temporalmente la semana pasada hasta el momento en el que la Justicia decidió retirar la orden aceptando las medidas cautelares solicitadas por los promotores del local. Sin embargo, el conocido local de Madrid se ha visto de nuevo en la crisis de cerrar por una orden emitida por la Agencia de Actividades (ADA).
En torno a las diez de la mañana se han acercado a los alrededores de la discoteca varios funcionarios acompañados de agentes de la Policía Municipal para llevar a cabo el cierre del local. Mientras tanto, en el mismo lugar, varios trabajadores agrupados mostraban su descontento ante la decisión tomada ya que este cierre acarrea una incertidumbre en su ámbito laboral.
Según han informado fuentes a Europa Press, se ha establecido un precinto de 6 meses de clausura, tras el cual se establecerá un segundo cierre basado en la infracción por aforo que completará el precinto por un año.
Miembros de la Plataforma por el Ocio han acudido al lugar para confirmarle a la prensa presente que "van a agotar todas las vías" y han informado que ya han recurrido al Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (TSJM).
El precinto ha caído cerca de una de las épocas donde los locales de ocio nocturno son más activos en la ciudad madrileña. El teatro ha confesado que desconocen que puedan abrir en las fiestas navideñas a pesar de haber recurrido al Supremo.
Asimismo, las autoridades han recordado mediante un cartel fijado en la puerta del establecimiento que “el incumplimiento de la resolución podrá dar lugar a responsabilidades penales y/o administrativas de conformidad con lo previsto en la legislación vigente".
Por otro lado, el portavoz de la entidad, Jesús Martínez, ha manifestado ante los periodistas que esta medida cruza "todas las líneas rojas", dirigiéndose así personalmente al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Martínez ha confirmado que existe “una ruptura de negociaciones" con el Consistorio al considerar que "ataca y cuestiona la integridad y la profesionalidad de la gestión los establecimientos públicos y los locales de ocio".
El conflicto sin precedentes del Ayuntamiento
Mediante un comunicado que ha compartido Jesús Martínez, ha expresado: “Un conflicto que se dirige a un choque de trenes entre las pymes y empresas del sector servicios y la delegación de Urbanismo de Borja Carabante en el mejor momento de la historia de la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos de Madrid como atractivo turístico y de generación de riqueza para la ciudad”.
Seguidamente, el portavoz de la discoteca ha manifestado que lo ocurrido se trata de un conflicto sin precedentes que debería llevar al Ayuntamiento de la capital a reflexionar sobre el porqué se dedican, en palabras de Martínez, a “arruinar” a las empresas con “precintos y cierres de años que suponen su pena de muerte aplicando con absoluta ligereza el régimen sancionador” e “incumpliendo los compromisos adquiridos durante el proceso negociador con las empresas y con las patronales”.
El portavoz ha expresado que el cierre del Teatro Barceló supone un ataque directo a una empresa de más de 45 años de historia que trajo la marca Pachá a Madrid. “Desde entonces, lleva prestando sus servicios a su público cada fin de semana de manera impecable y sin ningún tipo de incidencia en materia de seguridad", ha añadido.
De igual forma, Martínez ha insistido en que no considera que exista un "problema con los aforos" en los locales de ocio nocturno y ha puesto en duda el "rigor y la competencia del trabajo de los técnicos y personal de confianza que dirige la Agencia de Actividades". Martínez ha explicado que para detectar un problema de seguridad no tiene que fijarse únicamente en el aforo sino también en otras características como las medidas de seguridad que toma el local.
El Ayuntamiento justifica el cierre
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha explicado que el cierre de Teatro Barceló se origina a raíz de “dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido”. Según el responsable municipal, estas irregularidades no sólo vulneraron la normativa vigente, sino que plantearon un riesgo real para la integridad de las personas que se encontraban en el interior del establecimiento.
Desde hace meses, diversas asociaciones del sector del ocio nocturno vienen reclamando una revisión profunda de las normas que regulan los aforos. Consideran que los parámetros actuales no se ajustan a las necesidades reales de los locales ni a su nivel de preparación técnica, y sostienen que el cálculo debería actualizarse con criterios más precisos en materia de seguridad y de adecuación de espacios.
Por otro lado, la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha reiterado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento ha actuado siguiendo estrictamente los procedimientos legales. Sanz ha subrayado que las medidas se adoptaron “tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte del juzgado y por petición expresa del mismo para que se ejecutara el precinto”.
La vicealcaldesa ha recordado que el expediente se basa en dos sanciones por superación del aforo permitido, “cada una de ellas de una manera importante”. Aunque reconoce que existe una reivindicación del sector para que se estudien cambios legislativos, ha insistido en que “mientras la normativa actual siga vigente, hay que darle cumplimiento”.
Sanz ha evitado responder directamente a las acusaciones del empresariado del ocio nocturno y se ha limitado a remarcar que el Ayuntamiento se ha limitado a ejecutar un pronunciamiento judicial. “Este equipo de Gobierno no presiona a nadie y respeta absolutamente la labor de los tribunales, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, el Gobierno de España”, ha señalado, acusando al Ejecutivo central de “presionar e insultar públicamente” a los jueces y cuestionar sus resoluciones.
El primer precinto por decisión judicial
Carabante confirmó el pasado miércoles 19 de noviembre que el precinto ordenado por el Ayuntamiento para el día 20 de noviembre quedó suspendido temporalmente después de que la Justicia aceptase las medidas cautelares solicitadas por los promotores del Teatro Barceló.
En su explicación, el delegado recordó que el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Actividades (ADA), había decretado el cese de actividad durante un año tras constatar que el local había superado en dos ocasiones el aforo máximo de 990 personas establecido por la licencia. Sin embargo, los responsables de la sala recurrieron al juzgado, finalmente estimaron la petición de frenar de manera provisional la ejecución del precinto. “De momento ha quedado suspendido ese precinto como consecuencia de que se han estimado las medidas cautelares”, concluyeron.
Las asociaciones hablan de una “crisis de los aforos” en el ocio nocturno
En este contexto de tensión, las principales asociaciones madrileñas vinculadas al ocio, la hostelería, la cultura, el turismo y los espectáculos anunciaron la reactivación de la Plataforma por el Ocio. Además, solicitaron la creación urgente de una mesa de negociación con Carabante para abordar lo que califican como una “crisis de aforos” que afecta de lleno al tejido empresarial del sector.
La plataforma —que integra a Hostelería Madrid, Noche Madrid, Madrid en Vivo y las asociaciones de hostelería de Malasaña, La Latina y el Barrio de las Letras— critica lo que describe como “un ataque indiscriminado, injusto y arbitrario” por parte de la Agencia de Actividades en los controles de aforo. Según su versión, el conflicto nace de la aplicación de criterios urbanísticos y ambientales que, a su juicio, distorsionan el cálculo de la capacidad real de los locales.
Por ello, exigen al Ayuntamiento que elimine el bloqueo a la revisión de aforos en la ZPAE del distrito Centro, que reactive de forma inmediata la conocida como Instrucción de Aforos, que suspenda las órdenes de precinto actualmente en curso y que revise los expedientes ya abiertos.