El Ejecutivo de Castilla y León vetaba esta semana las ayudas para la producción y distribución cinematográficas en esta comunidad autónoma, en la que gobiernan el PP y Vox en coalición, de aquellas creaciones “que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opiniones políticas concretas”.
La orden es, cuanto menos, ambigua, e invita a reflexionar y hacerse preguntas, sobre todo la siguiente: ¿qué es adoctrinamiento, según las derechas? Esa misma cuestión pone sobre la mesa Alexandra Hernández, quien dispone de su propia agencia de comunicación, Hayeda Cultura. En declaraciones a ElPlural.com, esta voz -que cuenta además con una holgada trayectoria en proyectos culturales relacionados sobre todo con el cine, pero también con la música o el teatro, entre otros ámbitos- pone entre interrogantes si para la coalición castellanoleonesa es adoctrinamiento “hablar de derechos humanos, de igualdad o de mantener viva la historia castellana”.
Da la casualidad de que esta compañía está asentada en la región de Alfonso Fernández Mañueco, con lo que Hernández está más que autorizada para dar su opinión. “Aquí gobierna la derecha literalmente desde que nací”, rememora, para poner de manifiesto que “jamás”, en todo este tiempo, “se ha planteado semejante cosa, ni siquiera por quienes han tenido el poder de hacerlo”. “Las ayudas al cine en nuestra tierra, que las hay, son de por sí escasas, ni se prodigan ni son la cuantía de otras comunidades”, nos cuenta. Esto es importante, porque “si el gobierno de la tierra que menos ha apostado por el cine de España tiene esta repentina e injustificada necesidad, ¿qué no pasaría en el resto”, tal y como emite.
Con la mirada puesta en el próximo 29 de noviembre y un hipotético acuerdo entre populares y ultraderechistas que ya se da en otros puntos del Estado, Fer Goyoaga, de la misma firma, apela a una metáfora. “La cultura es un bosque. Hay que protegerlo de todos los fuegos, siempre”, tanto “las especies” -los trabajadores que se ponen delante y detrás de una cámara, se suben a las tablas, escriben, crean melodías…- como “los senderistas” -quienes disfrutan de sus obras. Más allá de lo necesario del audiovisual o de cualquier expresión artística, su compañera explica por qué, a su juicio, la última decisión del PP y Vox carece de sentido se mire por donde se mire. Así, complementa ese grito por la unión; ese “el que pueda hacer, que haga” de la Cultura, ante la amenaza política.
Si el gobierno de la tierra que menos ha apostado por el cine de España tiene esta repentina e injustificada necesidad, ¿qué no pasaría en el resto?
“Más allá de una circunstancia de por sí triste, el requisito siempre ha sido, como en casi todo, la viabilidad económica del proyecto, por lo que aquí cabe poca ideología. Es decir, toda una declaración de intenciones absolutamente innecesaria”, proyecta. “Estamos hablando de algo mucho más grave que ‘un recorte’. Estamos hablando de un requisito subjetivo que se impone a los supuestos requisitos objetivos que ya supuestamente existen. Estamos hablando de que se impondrá, no solo un criterio abstracto, sino también figuras que decidan y revisen, ya no en términos económicos como es lógico a la hora de dar una subvención, sino ideológicos”, define, acentuando que el cine “sencillamente es reflejo de la realidad social, que todos sabemos que es diversa, plural”, para lanzar otra pregunta. “¿Van a borrar parte de esa realidad?”.
"Es muy difícil volver del retroceso"
Por su parte, Paloma Fidalgo, trabajadora del sector teatral, proyecta en declaraciones a ElPlural.com que "esta censura se está haciendo desde lo económico, ahogando la posibilidad de representar" mientras lamenta que "no solo afecta a los artistas, sino a todo el sector".
"Desprogramar una obra con la excusa de que no hace taquilla al final enmascara eliminar una temática o un lenguaje artístico, y eso es control de pensamiento. Y es muy difícil volver de ese retroceso", apuntala.
“Todo lo que tiene que ver con lo democrático”
Darío Adanti es ilustrador, pero posiblemente suene más a los lectores por el proyecto del que es cofundador: la revista Mongolia. Es una de esas personas con potestad sobrada en nuestro país donde reside desde hace décadas a pesar de su procedencia argentina, para hablar del tema que compete al presente reportaje.
“Ellos llaman doctrinario a todo lo que tiene que ver con los derechos igualitarios, es decir, con lo democrático”, expresa con una frase que bien podría responder la cuestión planteada al principio. “Todo a la vez que tenemos la educación en manos de la Iglesia Católica y el nacionalcatolicismo es uno de los grandes adoctrinadores de la sociedad españoles por el cual hoy, por otro lado, tenemos a tanta gente de ultraderecha”, enfrenta. “Con la bandera y el discurso nacionalista están haciendo lo más apátrida que existe: vender las cosas de todos”, apostilla.
La izquierda, a “frenar la censura en las urnas”
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cargaba al poco de conocer la noticia contra la decisión del Ejecutivo de Castilla y León. “Esta es la política cultural de Vox: más censura. Hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España”, escribía en Bluesky. El responsable de Cultura agregaba que “frente a la censura y el control ideológico” la izquierda va a “defender la libertad de creación, también en la urnas”.
La Consejería de Cultura en esta Autonomía depende de Vox. La orden que recoge estas ayudas al cine, publicada en la sede electrónica del Ejecutivo autonómico y apoyadas, entre otros, por Alberto Núñez Feijóo, emite que el beneficiario de estas ayudas “deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.
De acuerdo con el texto, se trata de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, así como episodios de animación y de televisión, “con la finalidad de contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual en la Comunidad de Castilla y León”. Si bien, el documento no especifica con qué criterios se decidirá si las producciones audiovisuales incluyan “adoctrinamiento ideológico” o “propaganda partidista”.
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