La pandemia por coronavirus, el desgaste y la precariedad laboral han hecho que los médicos de todo el país se unan en una huelgan general desde este martes y todos los últimos de cada mes hasta que las autoridades les escuchen. La protesta, que llega en plena segunda oleada por la Covid-19, ha sido convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) debido a la actual situación que atraviesan los sanitarios y que llevan arrastrando desde hace años la falta económica, de planificación y gestión que afecta al sistema de salud del país, y en consecuencia, a la calidad sanitaria de los pacientes.

No obstante, la situación ha empeorado con el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Los sindicatos consideran que dicha ley producen el “desmantelamiento del sistema público de salud, laminando el régimen de especialidades médicas, legalizando el intrusismo profesional y degradando fatalmente la calidad de la asistencia sanitaria de la población”.

Los profesionales creen que ante esta segunda ola que amenaza con la sobrecarga sanitaria “la única solución que ofrece el Estado es contratar enfermeras para hacer de médicos, contratar a no especialistas para hacer tareas de éstos, reconocimiento exprés de títulos de especialista obtenidos en países extracomunitarios y obligar a los especialistas a realizar funciones de especialidades que no les son propias”.

El sindicato no ve con buenos ojos que los médicos no especialistas puedan ejercer en una especialidad, tal y como menciona el nuevo Decreto Ley aprobado el 29 de septiembre. Según ellos, esa posibilidad pone en riesgo la seguridad de los pacientes, ya que “está pisando la regulación de la profesión, se legaliza el intrusismo profesional y se deslegitima el sistema de Formación Sanitaria Especializada”.

El Gobierno utilizó esta ley para que las comunidades autónomas pudiesen contratar de manera excepcional a más personal sanitario o que no haya conseguido plaza en las convocatorias del MIR. Esto supondría la contratación de unos 10.000 trabajadores para reducir la sobrecarga de la Sanidad Pública. El objetivo es ofrecer atención primaria a los pacientes de todas las áreas, siempre que quede garantizada la asistencia en sus unidades asistenciales de origen.

Sin embargo, la CESM considera que hay que tratar el tema sobre “la supuesta falta de médicos aireada desde algunas administraciones”, ya que en realidad es “una escasa disponibilidad ante las lamentables condiciones laborales en las que se está obligando a ejercer a los profesionales”.

En definitiva, esta protesta nacional se convoca con el fin de que se retire el Real Decreto Ley 29/2020 y que se instaure un calendario de negociaciones que trate los asuntos de urgente resolución:

- Liquidez financiera para una calidad de asistencia sanitaria, con un aumento gradual de la financiación hasta llegar a la media de los países del resto de Europa que tienen mejor inversión en sanidad.

- Regulación laboral del MIR con el fin de mejorar las condiciones laborales y formativas.

- Plantillas organizadas para responder a las necesidades del sistema con una buena planificación de recursos humanos y una nueva regulación, selección y provisión de plazas que acabe con la precariedad del empleo.

- Modificación del Estatuto Marco que posibilite una jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años.

- Mejora en las condiciones laborales y de la presión asistencial adecuadas en todo el SNS.

Manifestaciones en Madrid por los servicios mínimos

La Comunidad de Madrid es una de las zonas más afectadas por pandemia y la que más está siendo criticada por su gestión. Allí, el Gobierno regional ha decretado unos servicios que “impide de facto el derecho de huelga”.

Desde AMYTS, asociación de médicos y titulados superiores de Madrid, creen que aunque expliquen que los servicios mínimos son del 50%, "luego amplían la práctica totalidad de los servicios escudándose en la situación epidemiológica" para llegar a casi 100%.

“Desde AMYTS hemos encargado a nuestra asesoría jurídica que inicie las medidas jurídicas necesarias, ya que desde nuestro punto de vista se impide de facto el derecho de huelga a los médicos y TS del SERMAS”, ha manifestado el sindicato en un comunicado.