Era un documento que pretendía haberse sometido a la tramitación parlamentaria en el mes de julio; sin embargo, no dio tiempo a plantear en el séptimo mes del año y, debido a las vacaciones del mes de agosto, se ha visto retrasada a este mes de septiembre, abordándose este tema en la mesa del Consejo de Ministros de esta jornada del 9 de septiembre. La nueva Ley Antitabaco es una de las grandes propuestas que se había planteado desarrollar el ministerio de Sanidad durante la presente legislatura, con la intención de actualizar la regulación ante las nuevas tendencias de consumo. Unos cambios que se buscan implementar, tal y como apuntan, a las demandas de la comunidad científica y sanitaria.
Adiós a encender el cigarrillo en lugares públicos
No será en todos, pero sí en muchos donde solía ser habitual abrir el paquete de tabaco. El más común y que puede resultar más complicado adaptarse a muchos: las terrazas de bares y restaurantes. Una modificación de los hábitos que ha encontrado tanto colectivos que lo apoyan, como sociedades médicas y asociaciones de pacientes, como detractores, pues desde la hostelería se muestran preocupados por el impacto económico que pueda tener la entrada en vigor de esta ley.
No solo se dejarán de ver a fumadores en estos espacios, sino que la nueva normativa será extensiva a playas y entornos naturales. Una medida que busca evitar el consumo pasivo de los humos derivados de los cigarrillos y, por ende, no asimilar sus sustancias tóxicas, así como, también, contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente evitando la acumulación de colillas.
Ahora bien, no solo quedará limitada la nueva ley al consumo de cigarrillos tradicionales, sino que también afectará al uso de cigarrillos electrónicos y productos relacionados. En concreto, este apartado de la medida se dirige a elementos como los vapes, que han experimentado un gran crecimiento de consumo entre los jóvenes, y los cuales quedarán sujetos a limitaciones similares a las del tabaco convencional. Con ello, Sanidad pretende evitar la normalización de estos productos y prevenir un incremento de la dependencia a la nicotina en nuevas generaciones.
Las medidas que pretenden ponerse en marcha han generado polémica y abierto un debate social y político. Como se hacía mención, mientras los colectivos sanitarios valoran el paso adelante en términos de protección de la salud, asociaciones empresariales y de hostelería cuestionan la oportunidad de aplicar restricciones adicionales en un contexto de recuperación económica. Por su parte, el Gobierno insiste en que el balance entre salud pública y actividad económica debe resolverse en favor de la prevención.