Pfizer, Moderna y otros nombres centran la esperanza de la sociedad en que a partir del año que viene el mundo podría volver a parecerse a lo que conocíamos antes del coronavirus.
Sin embargo, son muchas las personas que tienen miedo a vacunarse. El último CIS deslizaba que quienes no querían ponerse la vacuna superaba a quienes sí querían. En este sentido, hay Comunidades Autónomas como Galicia que barajan la posibilidad de implantar la vacunación obligatoria, mientras que el Gobierno Central se resiste a dar este paso.
Pero hubo una ocasión en que fue obligatorio vacunarse en nuestro país, no hace mucho tiempo y ante una situación que podría asemejarse aunque, obviamente, en una escala mucho menor, a la que vivimos actualmente.
Fue en la provincia de Granada y ante un brote de sarampión que creció de forma exponencial en cuestión de días. En aquella ocasión, la Consejería de Salud de la ciudad, cuyo máximo representante era María Jesús Montero, pidió el amparo de un juez para obligar a la vacunación en el colegio donde se habían producido los contagios.
El 25 de noviembre el titular del juzgado de lo Contencioso número 5 de Granada autorizó inmunizar al grupo de escolares que no había recibido la dosis vacunal, ya que 46 personas se habían contagiado. En ese momento no era aún obligatorio ponerse la vacuna.
A los pocos días, y ante la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos, se implantó como obligatoria la vacuna. En ese momento se habían contagiado 90 personas.
Entonces sí que casi todos los jóvenes y sus padres cedieron a la vacunación. Los que no lo hicieron demostraron que ya eran inmunes o terminaron por ceder después de que la policía fuera a sus casas con el requirimiento judicial.
El proceso se cerró cuando la cobertura había alcanzado el 96% del alumnado.
