La Guardia Civil ha abierto un expediente sancionador a un especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) en Cantabria, con más de 30 años de experiencia contra el terrorismo, simplemente por denunciar que esta unidad no cuenta con el material necesario para su trabajo.
Ángel Iglesias Gajate, que así se llama este especialista, ya fue suspendido de empleo y sueldo en 2019 tras denunciar que durante una intervención su comprobador de línea, un instrumento básico que usan los Tedax en la desactivación de bombas, estaba estropeado.
La Guardia Civil ha abierto ahora otro expediente sancionador al agente con la intención de expulsarlo de su especialidad, lo que le llevaría a perder su destino y su condición de técnico de Desactivación de Artefactos Explosivos, a pesar de que todas las evaluaciones que ha recibido por parte de su jefe de unidad son positivas.
Representante de la AUGC en Cantabria
Según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), lo que hay detrás de estas sanciones es "una persecusión", ya que Ángel Iglesias Gajate es el representante de esta organización en Cantabria y lo que "molesta" es su labor sindical, un término que no es apropiado en la Guardia Civil, ya que en este Cuerpo de seguridad del Estado los sindicatos están prohibidos.
"Lo que parece molestar en la Guardia Civil es que un especialista que domina la materia en la que trabaja sea además representante de AUGC, y que en los últimos años haya denunciado faltas de material y desvelado que se trabajaba con material obsoleto, como trajes antibombas con más de 20 años. Resulta lamentable que un trabajador, tras décadas de trabajar al límite en situaciones de máximo riesgo y enfrentándose directamente contra el terrorismo en nuestro país, sea expulsado de su especialidad solamente por defender a sus compañeros frente a los abusos de sus superiores", denuncia esta asociación.
La Justicia da la razón a otro guardia expedientado
No parece que les falte razón. El Tribunal Militar Central acaba de revocar una resolución del Ministerio de Defensa, a partir de una orden inicial de la Dirección General de la Guardia Civil, que condenaba a la pérdida de destino al agente Juan Carlos Gómez Alcaraz, representante de la AUGC en Cáceres.
El tribunal ha considerado "contrario a derecho" el expediente sancionador, que, entiende, se hizo a partir del "personal criterio” del instructor y con graves incumplimientos por la autoridad sancionadora. La asociación explica que se trató de una "campaña persecutoria por parte de quienes ejercían mando en esta Comandancia contra nuestro compañero motivada únicamente por su trabajo como legítimo representante de los trabajadores del Cuerpo".
De haberse cumplido el expediente sancionador, el agente habría tenido que abandonar Cáceres, donde vive desde hace más de treinta años, junto a su mujer y sus tres hijas, una de ellas menor de edad.
Un agente condecorado
Juan Carlos Gómez Alcaraz tiene una larga trayectoria en el Cuerpo y fue condecorado con la cruz de plata al mérito de la Guardia Civil en 2015 por su papel en la detención de un peligroso criminal que cometió dos asesinatos en Cazalegas (Toledo) y Badajoz, un caso conocido como el del 'Pistolero de Plasencia'.
El tribunal ha resuelto que el guardia permenezca en su destino y le libera de cualquier responsabilidad disciplinaria, además de ordenar que desaparezca toda mención a la sanción en su expediente y que la Administración le abone los daños y perjuicios que se le pudieran haber provocado.
Este diario se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Guardia Civl para conocer su postura ante estos casos, pero hasta el momento de la publicación de esta noticia no ha obtenido respuesta.
