La intención tras esta nueva medida es bonificar a quienes decidan posponer su retiro de forma voluntaria, recompensando económicamente a todos los trabajadores que alarguen su vida laboral o que compatibilicen pensión y trabajo.  

El Ministerio de Seguridad Social ya tiene preparadas las reformas y está a la espera de que la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo termine sus recomendaciones sobre el sistema de pensiones, que son la base que sustenta los cambios de la Seguridad Social, los cuáles deben contar con el consenso general de todas las instituciones políticas. José Luis Escrivá ha presentado ante los diputados las líneas principales de este plan, teniendo como novedad el retraso de la edad para optar a la jubilación laboral.

Un año de retraso en la jubilación de los españoles es ahorrar más de un punto del PIB en gasto del sistema, y esto ayudaría al equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, según Escrivá. El ministro se apoya en que no se trata solo de subir porque sí la edad de jubilación, que ahora mismo se sitúa en los 64 años y medio, sino de igualar la edad real de la persona con la edad legal que estima la ley para reclamar la jubilación, que ahora mismo está a 65 años y 8 meses.

Escrivá propone dos vías para hacerlo posible: mejorar los incentivos para los que retrasen su jubilación voluntariamente, que ahora son muy bajos en comparación con los de otros países europeos (del 3,2%, frente al 4% de Austria, al 5% de Francia, el 6% de Alemania y el 10% del Reino Unido), y retocar las penalizaciones para los que se jubilan anticipadamente. En teoría, por cada año que uno adelanta su retiro, sufre una penalización del 8% en su pensión, pero en la práctica los que más ganan pierden menos: en realidad, los cotizantes que tienen la base máxima sólo ven cambiada su pensión un 2% por año de adelanto, eliminando los incentivos.

Otras cláusulas de esta nueva medida son adoptar un mecanismo estable de revalorización de las pensiones conforme a la subida de los precios, para sustituir definitivamente al mecanismo de subidas del 0,25% puesto en marcha por la reforma de 2013 del gobierno Rajoy. Culminar la separación de fuentes, es decir, que los gastos absorvidos por la Seguridad Social se transfieran a los Presupuestos Generales del Estado, lo que ahorraría un 1,6% del PIB de gasto al sistema). Y, por último, rehacer toda la legislación referida a los planes privados y complementarios, Escrivá ha tomado el modelo de el País Vasco proponiendo un plan complementario de empleo, otro modelo vigente en Reino Unido. 

Según el ministro, el gasto excepcional en el que está incurriendo el sistema por causa del coronavirus va a empujar el déficit de la Seguridad Social al 2% en 2020 (desde el 1,3% en 2019), aunque se ha mostrado seguro en que se volverá a niveles parecidos a los actuales hacia 2023.