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Las Tripulaciones de Cabina (TCP) de Ryanair en España, Bélgica y Portugal se coordinaron para hacer una huelga conjunta los pasados 25 y 26 de julio. Además, durante la segunda jornada, se unieron sus compañeros italianos.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, realizó inspecciones en varios aeropuertos afectados durante la huelga para comprobar si la compañía cumplía con los derechos de los pasajeros.
Esas inspecciones han desembocado en un expediente por posibles incumplimientos del Reglamento Europeo sobre los derechos de los pasajeros que ahora la AESA deberá analizar junto a las denuncias y reclamaciones de los afectados.
Además, la Agencia ha recordado que "independientemente de lo que les haya dicho la compañía aérea", tienen derecho a reclamar una indemnización que va desde los 250 a los 600 euros por los perjuicios causados.
De hecho, en caso de necesitar transporte alternativo, es responsabilidad de la aerolínea ofrecer la opción más rápida hasta el destino final, aunque sea en vuelos de otras compañías.
Ryanair se opone a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que establecía que una huelga de la tripulación no es una “circunstancia extraordinaria”.
Sindicatos
Los sindicatos han acusado a la compañía irlandesa de incumplir el decreto de servicios mínimos fijado por Fomento que garantizaba todos los vuelos de la península con las islas, además de no colaborar con los inspectores de trabajo que acudieron como observadores durante los paros.
Estas huelgas se unen a las que también han realizado los pilotos de la compañía con demandas comunes sobre la calidad de los puestos de trabajo en Ryanair que, por ejemplo, no considera la antigüedad de los trabajadores o les hace falsos contratos de autónomos.
Tras la fuga de pilotos y personal previa a las pasadas navidades, la compañía reconoció a los sindicatos independientes. Sin embargo, este hecho no ha reducido la desconfianza entre ambas partes y los sindicatos han asegurado que lo único que quiere la compañía es ganar tiempo para salvar la temporada veraniega.
Los sindicatos no descartan llevar a cabo nuevos paros para demandar a la compañía que aplique la legislación española en los contratos laborales, garantice la celebración de unas elecciones sindicales y el respeto del Estatuto de los Trabajadores.
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