La explotación urbanística en determinadas zonas puede traer consigo consecuencias negativas. Normalmente, el resultado peor se aprecia en el momento en que sucede una catástrofe, y los incendios no son una excepción.
Cristóbal López, de Ecologistas en Acción, lo explica de forma muy sencilla en declaraciones a ElPlural.com en una conversación en la que expone cuáles son los principales problemas que trae consigo la edificación en áreas forestales cuando se produce un fuego de gran envergadura.
“A veces se construye de manera salvaje en zonas naturales, entendiendo como tales bosques o campos, sin licencia, luego se da licencia… En definitiva, no se tiran. Cuando viene un incendio que ya de por sí es muy complicado controlar, el ser humano no dispone de medios para proteger determinados enclaves, que muchas veces están aislados”, explica.
López expresa que “cuando tienes un núcleo urbano grande” es más sencillo dentro de la complejidad a través de franjas y derivados, pero que estas infraestructuras se vuelven en ocasiones poco menos que imposibles de cubrir. “Están dispersas, a veces alegales, lo que implica que no puedas hacer franjas o cortafuegos y, en definitiva, hay más muertes de las que había antes”.
Asimismo, enumera un “segundo efecto” de esta forma de construir, directamente relacionado con lo ya señalado: “Lo primero que se protege frente a las llamas son las personas y las casas. A nadie se le ocurriría decir otra cosa. Pero en estos casos todos los servicios de extinción tienen que ir ahí y el monte queda descubierto (…) Si en el mejor de los casos, consigues salvar las casas, el monte está ya ardiendo de forma descontrolada”.
La Ley de Montes y la mentira de la recalificación
Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, se centra en el aspecto legislativo. “En los años 80 y 90 hubo una urbanización salvaje en la costa vía incendio-recalificación. Eso es una realidad”, subraya.
Si bien, destaca, en 1998 se produjo una reforma del Código Penal que introdujo tres tipos penales en materia de incendios forestales. “Aquí ya se perseguía el delito de incendio forestal; y la ley de Suelo y la ley de Montes prohibieron recalificar terrenos quemados”, rememora, dando como resultado que “en el pasado ha podido haber situaciones en las que el fuego ha sido la forma de recalificar terrenos”, pero no tanto hoy en día.
En este sentido, justifica que “en las memorias de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado no aparece como el motivo principal de los incendios, no tendría ninguna base”, apunta.
Soto habla con la ley en la mano para desmontar otra de las falsedades más extendidas desde algunos sectores a la hora de criticar la actual normativa, y es que la estrategia desinformativa abarca que los terrenos quemados se emplean después para la edificación de urbanizaciones o instalaciones de macrocomplejos.
Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que el artículo 50 de la Ley de Montes establece de forma explícita la prohibición de cambiar el uso forestal de un terreno calcinado durante un plazo mínimo de 30 años, impidiendo cualquier actividades constructiva o extractiva que no dispusiera de una autorización previa a la catástrofe.
Pero la mentira por antonomasia que promueven desde PP y Vox sostiene que el texto vigente impide “limpiar los montes”. No obstante, sucede todo lo contrario, la normativa no prohíbe la gestión forestal ni las labores de desbroce; es más, las promueve como medida prioritaria de prevención.
Con todo, la ciencia y los datos encima de la mesa, los bulos siguen echando más gasolina al fuego, tal y como ha quedado demostrado en los últimos días con las llamas de Madrid, Toledo y Ávila, estas última las más virulentas de España desde que existen registros.
En lo que va de año, se han quemado más de 170.000 hectáreas de superficie forestal, concentrándose la inmensa mayoría en los grandes incendios de julio. Esto implica seis veces más hectáreas de las que se habían calcinado el año pasado por estas fechas, con agosto recientemente iniciado y septiembre aún en el horizonte.
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