Eugenia Martínez de Irujo, personalidad más que conocida entre las altas esferas y perteneciente a la Casa de Alba, está bajo investigación judicial por tener ocho pozos ilegales en el Parque Nacional de Doñana.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor de Sevilla ha citado a declarar a la aristócrata tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por un posible delito contra el medioambiente por detractar ilegalmente aguas del espacio natural protegido.

La duquesa de Montoro tendría en Doñana ocho pozos presuntamente no autorizados en una finca agraria enfocada a una plantación de naranjos, situada en la localidad de Aznalcázar (Sevilla). Martínez de Irujo figura como representante legal de la empresa Eurotecnia Agraria S.L. Dichos pozos habrían dañado, al menos durante diez años, las masas de agua subterráneas de la zona, lo que dio motivos al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para personarse en la finca y frenar las extracciones. En la denuncia de la Fiscalía, la cual recoge El País, fechada el pasado 7 de septiembre, figura al detalle que el 25 de mayo de este año, miembros de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acometieron una inspección en la finca Aljóbar.

Hasta ocho pozos ilegales en el corazón de Doñana

En la inspección a la finca, los técnicos habrían dado cuenta de la existencia de "dos pozos y una balsa debidamente inscritos en la CHG, así como otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadamente 200 hectáreas de naranjos".

Así, en junio la Sección Técnica de la CHG emitió un informe que valoraba "los daños ocasionados al dominio público hidráulico en esta campaña por los riegos ilegítimos llevados a cabo hasta ese día, arrojando un consumo de 305.851,73 metros cúbicos de agua" de la masa de agua Aljarafe Sur, correspondiente al territorio del sistema hídrico Guadiamar, vinculado al parque de Doñana, por importe de "una cuantía económica de 36.702,16 euros".

Según la denuncia de la Fiscalía, ese mismo mes de junio la Comisaría de Aguas de la CHG ordenó la "extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, si bien el día 12 un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para la aplicación de las mencionadas medidas".

Delitos a los que se enfrenta Martínez de Irujo

La denuncia recoge que el propio Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha concluido que los hechos "pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia".

A la par, precisan que en un "informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años durante los que han estado presuntamente operativos los pozos denunciados en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído ilícitamente".

En consecuencia, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo solicita, como medida cautelar, "extraer los equipos de bombeo instalados en las captaciones objeto del presente procedimiento y al precinto de los pozos", así como recabar "fianza para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del curso del presente procedimiento".