El accidente de Urda (Toledo) que tuvo lugar la semana pasada conmocionó nuevamente a un país que volvió a demostrarse solidario. Un ejemplo palpable de ello es que, nada más conocerse la noticia, muchísimas personas acudieron a puntos de donación de sangre, provocando que estos no acogieran a más gente hasta los días siguientes, cuando continúa haciendo falta.
Tampoco faltó, como en otras tragedias, la organización -de un tiempo a esta parte principalmente vía redes sociales- para aportar toda la información fiable que se pudiera con el objetivo de encontrar a los desaparecidos o los teléfonos de emergencia a los que acudir, así como otros datos de interés. Incluso, los hubo que pusieron su vehículo personal a disposición de quien necesitara desplazarse y no tuviera cómo.
Sin embargo, la imagen que presta la sociedad civil ante este tipo de escenarios tiende a confrontar con la falta de solución frente a las necesidades que mantiene el entorno de las víctimas una vez se aleja el foco mediático: “Verdad” para esclarecer lo ocurrido a todos los niveles, “justicia”, también, de ser precisa, en un sentido estrictamente judicial, y “reparación” para las víctimas y su entorno.
Hace nueve meses que ocurrió otro accidente de tren, el de Adamuz (Córdoba), cuya investigación continúa abierta sin que se hayan esclarecido aún todas las circunstancias de aquel siniestro. Pero las incógnitas sin despejar y la ausencia de responsabilidades vienen siendo la tónica habitual en las tragedias que vienen golpeando a nuestro país.
Accidentes ferroviarios, DANA, Prestige…
Accidentes ferroviarios como los acontecidos en el último año, el de Angrois (2013) o el de Metrovalencia (2006), la DANA que golpeó con especial virulencia asimismo la ciudad del Turia (2024), los incendios que afectaron con mayor fuerza al noroeste peninsular en 2025 y los de este verano, las personas que perdieron su vida sin recibir atención hospitalaria durante la pandemia del Covid en la Comunidad de Madrid o, ya echando la vista más atrás, el Prestige (2002), forman parte de una lista que engorda ahora el siniestro en la localidad castellanomanchega y cuyos análisis siguen en marcha o concluyeron sin que los damnificados recibieran una respuesta satisfactoria. En el mejor de los casos, aunque una resolución lo sea más, tarda mucho en llegar.
En detalle, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena al maquinista del tren Alvia. Sin embargo, los afectados mantienen que pudo haber existido responsabilidad política y cuestiones técnicas, y no deberse únicamente a un error humano. La semana pasada Ana Pontón, portavoz nacional del BNG recordaba aquella tragedia y respondía a Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, en esta línea: “Está bien que diga que España necesita saber, pero también Galicia merecía saber, y él lo evitó”.
En el caso de Metrovalencia, las responsabilidades judiciales tardaron 14 años en llegar. En su caso, se cerró mediante un acuerdo de mínimos alcanzados por las partes, que proclamaba una condena sin penas de prisión y evitaba seis meses de juicio tras una década de proceso judicial. Esta causa se abrió y cerró en varias ocasiones y las conclusiones de la jueza instructora siempre eran las mismas: que el metro volcó por circular a 80 kilómetros por hora.
Tras el suceso se implementaron las balizas para proteger la curva en la que había ocurrido el accidente ante un eventual exceso de velocidad y se incluyeron sistemas automáticos de conducción en toda la red, pero siguió sin crearse la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Sobre la DANA de 2024, uno de los peores episodios a causa de un fenómeno climático que se recuerda en nuestro país y que se saldó con 233 fallecidos, además de innumerables daños materiales de los que los perjudicados no se han aún recuperado (o no del todo) y, muchos de ellos, dudan poder hacerlo algún día, los familiares de las víctimas siguen buscando respuestas.
Las asociaciones de víctimas de la DANA desean que se depuren responsabilidades y apuntan, entre otros, al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien consideran máximo responsable al ser entonces Jefe del Consell y ausentarse de sus responsabilidades como tal en el momento más necesario. Cabe recordar que Mazón estuvo buena parte del día incomunicado en el restaurante El Ventorro y que la alerta que avisó a la población para que no salieran de sus casas no llegó hasta las 20:11 horas, cuando ya era demasiado tarde.
A pesar de dimitir el año pasado, tras el funeral de Estado de las víctimas, sigue siendo diputado, con lo que mantiene su condición de aforado. Esto le permite responder judicialmente solo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, organismo que no apreció delito en su gestión y rechazó investigarle. El entornode las víctimas y oposición siguen pidiendo que deje su acta como parlamentario.
Las familias de las personas que fallecieron durante la pandemia en centros geriátricos de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria también se agruparon en plataformas y/o asociaciones en busca de justicia; una meta que, más de seis años después, siguen sin alcanzar. Las investigaciones se dividen en diferentes juzgados mientras el entorno de las víctimas sigue pidiendo su reagrupación.
Hablar de tragedias es hacerlo también de prevención. Los incendios son un buen ejemplo (otro) de ello, y es que cada año desde diferentes administraciones y sectores profesionales piden planes efectivos en materia de prevención así como mejoras en las condiciones de los trabajadores que combaten las llamas.
Este año han sido los fuegos de Los Gallardos, con 14 víctimas, o el de la Sierra Oeste de Madrid algunos de los más dañinos. En 2025, Las Médulas, situadas en la comarca de El Bierzo (León), quedaron reducidas a cenizas, y así suma y sigue por otras áreas de Castilla y León, Galicia, Andalucía… Todos ellos mantienen reabierto el debate de qué parte es inevitable y cuál podría no darse -o no de forma tan agresiva- si la gestión fuera otra.
Si se pone el foco en principio de los 2000, Galicia todavía recuerda el episodio protagonizado por el petrolero Prestige, que se hundió cerca de las costas gallegas liberando decenas de miles de toneladas de fuel (chapapote). La gente se movilizó para limpiarlo mientras que la Justicia condenó solo al capitán del barco.
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