La expulsión del centro finalmente fue paralizada. La presión ejercida por los familiares, las asociaciones vinculadas a las personas mayores, los partidos políticos y la prensa llevaron a que se pusiera freno a este trato, considerado injusto, que se iba a tener con una mujer de 84 años, enferma de Alzheimer, a la cual se iba a obligar a salir de la residencia porque su hijo repartió entre otros familiares unas hojas informativas animando a denunciar las deficiencias del centro y explicando cómo hacerlo.
Ahora bien, haber puesto fin al proceso de expulsión de esta mujer no hará que el director de este espacio quede exento de responsabilidad por sus actos, ya que la plataforma Pladefma para la defensa de los mayores y la familia afectada, ha presentado una denuncia contra José Manuel Mestre Gallego, quien ostenta la posición más alta en el organigrama de la residencia Bouco Carabanchel.
La denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía de Madrid y se presenta argumentando la posibilidad de que el director de este centro haya cometido un delito de coacciones del Código Penal. Según argumentan desde la plataforma, aunque el proceso de expulsión se haya logrado frenar, el "daño ya está hecho", pues entienden que José Manuel Mestre Gallego ha conseguido su objetivo de "amedrentar para el futuro a otros familiares y coartar sus legítimos derechos". Además, también exponen que "lo siguiente será exigir a la Comunidad de Madrid, si no quiere prevaricar, la aplicación de su propia normativa, la Ley 12/2022, de Servicios Sociales, e inhabilitar al director".
Todo esta secuencia de acontecimientos comenzó hace dos meses, cuando el hijo de la afectada, tal y como se mencionaba, invitaba a los familiares de los residentes a denunciar las condiciones del centro y sus deficiencias. En aquel momento, ante esta movilización que trataba de propiciar, el centro planteó la expulsión justificándola en una supuesta falta grave. Ahí fue cuando se puso sobe la mesa obligar a esta mujer, de 84 años y dependiente por su enfermedad, a abandonar el centro.
En aquel momento, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ya rechazó de plano que el comportamiento del familiar vulnere el contrato o el reglamento interno del centro y subrayaron que, en cualquier caso, no puede responsabilizarse a la residente de las acciones de su hijo. No solo eso, sino que denunciaban la medida como un ataque a la libertad de expresión y de información, advirtiendo de que no se trata de un caso aislado en la comunidad. En este sentido, hacían memoria para alegar que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid tipifica como infracción grave la adopción de represalias contra usuarios o sus familiares por ejercer sus derechos.
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