Pedro Barroso, alcalde de Torre Alháquime (Cádiz), lleva desde abril de 2024 luchando por una injusticia. Su hermano, Gabriel Barroso, gran dependiente que tiene más de un 90% de discapacidad, el cual respira por una traqueotomía, come por una sonda y lleva más de 15 años sin moverse de la cama, recibió una carta de la Junta de Andalucía en la cual se le comunicaba la retirada de la pensión no contributiva. 

Según la Seguridad Social, la pensión no contributiva son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos. El problema llega cuando realiza aportaciones para un seguro con el objetivo de poder darle una mayor calidad de vida. 

En la carta recibida, la Junta de Andalucía se acogió a una Ley General de la Seguridad Social de los años 90, en la que recalcaron que Gabriel al tener un seguro de vida y una pensión no contributiva sobrepasa los topes de ingreso que tiene esa normativa.

 Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, que ha difundido la noticia, ha explicado que "la legislación no entiende o no ve los efectos que provoca" y que a la ley "no le importa de donde vengan esos ingresos" ni a donde "se vayan a destinar esos ahorros". 

En declaraciones al ElPlural.com, Pedro ha explicado que el motivo de la retirada es porque sus padres contrataron un seguro en el año 1995, rescatado en el 2024, para que Gabriel pudiera tener una vejez digna y con la mejor calidad de vida posible. “Mis padres, pensando en la vejez de mi hermano, pensando únicamente en el futuro de su hijo como cualquier persona que es padre, pues le contrataron un seguro de vida el cual religiosamente están pagando personas que son trabajadores eventuales”, ha indicado Barroso.

“Mi padre trabajaba dentro del campo y mi madre es ama de casa y resulta que, la ley española, castiga a los ahorradores y castiga a una familia que únicamente piensa que su hijo en la vejez necesitará mucha atención, como necesita mi hermano 24 horas de atención”, ha aseverado el alcalde gaditano. 

Asimismo, ha declarado que no solo se le extrae su pensión, sino que le hacen pagar el 40% de su medicación y un cobro indebido. “La Junta de Andalucía habla de un cobro indebido de los meses de enero, febrero y marzo, los cuales son 2.000 y pico euros”, esto viene especificado en el artículo 372 de la citada ley.  

Con indignación, ha explicado que no es normal que “todavía haya leyes de la Seguridad Social de los años 90”, ya que por esa fecha no existía la Ley de la Dependencia. 

Ha manifestado que si sobrepasa los topes de ingreso que tiene esa normativa, no es porque su hermano tenga dinero sino que sus padres “con el esfuerzo diario, con la constancia, han pagado ese seguro para que su hijo tuviese una pensión y una calidad de vida más digna. No han cometido ningún delito, no han robado, no han hecho nada más que pensar”.

Frente a esta situación, Barroso ha insistido en que “los gastos que genera su cuidado son muy altos” y que por ello toda ayuda “se queda corta para cubrirlos”. Las pensiones contributivas están en torno a los 800 euros y que no son pensiones “ni justas, ni reales” porque de verdad no atienden las necesidades que tienen estos colectivos. “Tu se las puede quitar, si con 800 euros podrían tener calidad de vida esa que merecen”, ha argumentado.

Un ley “injusta e insolidaria”

Barroso ha denunciado que es una ley “injusta, insolidaria y que denigra a estos colectivos”. Desde su opinión, es una “desvergüenza” de las instituciones públicas “que no se hagan leyes que atiendan las necesidades presentes de los ciudadanos”. 

“Por lo tanto, yo creo que esta manera de tratar desde la administración pública a estos colectivos que no tienen voz es denigrarlos, no es darle calidad de vida”, ha puntualizado. A su vez, ha afirmado que esta ley pisa el artículo 49 de la Constitución, el cual habla de la integración y atención de las personas con discapacidad.

El caso de Gabriel no es el único, Barroso ha revelado que en la misma localidad existe un caso similar. Delia, que cuenta con más del 90% de discapacidad, también se ha visto perjudicada por esta ley obsoleta. “Imagínate tú cuántas personas en las ciudades están silenciadas, porque cuando a ti te llega un documento de la administración tú sueles tener miedo”, ha citado recordando el miedo y la incertidumbre que vivieron al recibir dicha carta.

El alcalde se ha preguntado qué sería de Gabriel “si no tuviera a su hermano y a sus padres”: “No se puede permitir que una persona que ya cumplió el año de ‘sanción’, todavía a día de hoy mi hermano no tenga concedida una pensión que ya cobraba hace muchísimo tiempo”.

"Sí, nos equivocamos en el año 90, pero esta es una ley absurda y no es justa, porque no puedes ahorrarle a tu hijo un dinero que más tarde no pueda usar”, ha declarado.

La importancia de la humanidad en la política

“Tenemos la obligación moral de humanizar la política. Es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos. Y yo desde aquí, siendo un humilde alcalde de un pueblo, no puedo callarme, no puedo cerrar la boca ante esta clara injusticia, aunque sea una injusticia legal”, ha argumentado. 

“La política tiene que estar llena de humanidad, de empatía, de responsabilidad. No tiene que estar llena de números, ser matrículas que lo único que hacemos es pues estar en unas listas y somos unas matrículas”, ha apuntado. 

El alcalde gaditano ha expresado que “una ley está hecha para beneficiar a una persona, a un colectivo, no para perjudicarle y esta ley del año 90 perjudica todo aquello que los padres hacen por sus hijos, es una obligación moral de los padres hacer lo que mis padres hicieron”. 

En este sentido, ha asegurado que los políticos se movilizaron por cambiar el artículo 49 para “llamarles ‘gran dependiente’  en vez de ‘ minusválidos’, pero no “han cambiado la ley para mejorarles la vida”. 

El PSOE-A recurre la causa al Senado 

El pasado mes de octubre, el senador socialista por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, presentó una moción para pedir una comisión para que se solicitara al Gobierno de España actualizar y adecuar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas. Pedro estuvo presente en el Salón Regio de la Diputación durante el debate de dicha moción. Todos los grupos políticos votaron a favor de la propuesta (menos dos votos de Vox). Actualmente, Pedro no tiene señales de vida de esa comisión, ni de lo que se está haciendo. Aunque él no ha perdido la esperanza y sigue pidiendo un cambio de normativa.

“Yo sigo insistiendo, sigo luchando, para que los políticos que viven en las alturas y que tienen muchas responsabilidades, se den cuenta que los colectivos, los más vulnerables, necesitan cada día más de esta administración tanto de la Junta como del Gobierno central”, ha expuesto.