La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25% en nuestro país, según el informe “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España”, publicado por la Fundación FOESSA, patrocinado por Cáritas, a partir de encuestas presenciales en las que han participado más de 7.000 hogares repartidos por las 17 comunidades autónomas.

Según el informe, el porcentaje de población en situación de carencia material severa aumentó un 50% en el primer año de la pandemia, al pasar del 4,7% al 7,0% y la exclusión social más severa ha aumentado del 8,6%, en su última medición en 2018, al 12,7% actual, "lo que supone dos millones más de personas afectadas por una acumulación de problemas sociales que pone seriamente en cuestión su participación en el conjunto de la sociedad", según la fundación.

Menos de la mitad de los hogares tienen una situación plena

Los distintos indicadores de la exclusión social se han extendido por amplios sectores de la población y ahora ya menos de la mitad de los hogares se encuentran en una situación de integración social plena, mientras el Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) ha aumentado un 31% para el conjunto de las familias.

El estudio alerta de que en el grupo de la exclusión severa "las distintas desigualdades se multiplican" y es "el que se encuentra claramente amenazado de fractura respecto del resto de la sociedad", por lo que son necesarias "inaplazables políticas de inclusión, basadas en derechos, en todos los ámbitos (educación, empleo, salud, vivienda...)". 

Sólo el 36% de los hogares pueden afrontar gastos imprevistos

Sólo el 36,1% de los hogares dispone de dinero para afrontar gastos imprevistos y cuentan con vivienda en propiedad ya pagada, porcentaje que se reduce al 9% en los hogares más desfavorecidos, de los que el 70% tiene que recurrir a la ayuda de amigos y parientes.

El 16% de los hogares, en general manifiesta haber recurrido a alguna estrategia de reducción de consumos básicos de energía del hogar, que alcanza al 55% de los hogares en exclusión severa. En cuanto al ocio y las relaciones sociales, el 44% de la población reconoce que ha tenido que disminuirlas. La cifra se eleva al 80% en el caso de las familias más vulnerables. Los hogares han reducido también su gasto sanitario (3%) y en el caso de los más pobres se multiplica por 10.

La reducción de gastos en educación, como en sanidad, es baja en el conjunto de los hogares (6,7%), pero se multiplica por más de tres (23%) en el caso de los hogares en exclusión severa, lo que afectará el proceso formativo de los menores.

Una caída del PIB sin precedentes desde la Guerra Civil

Tras el inicio la pandemia, la actividad económica se redujo a niveles sin precedentes desde la Guerra Civil (caída del 10,8% del PIB), debida sobre todo a la decisión de restringir gran parte de la actividad para intentar frenar los contagios. Los sectores más afectados han sido el turismo, el comercio y las actividades artísticas y culturales.

Las políticas sociales ayudaron a no perder empleos

Sin embargo, la reducción del empleo fue cinco veces mayor en la crisis 2008-2013, a pesar de que la reducción de la actividad ha sido mucho mayor durante la pandemia. La explicación, según este estudio," tiene que ver con la duración de la recesión y esta está directamente asociada al tipo de respuesta política que se ha dado a la misma, con una mezcla de políticas fiscales y monetarias expansivas y la introducción de mecanismos específicos para salvaguardar el empleo, como los ERTE. Estos, que llegaron a afectar a más de 3,5 millones de personas, han permitido el mantenimiento del nexo laboral con la empresa y han facilitado la vuelta al empleo en la recuperación: el 87% de las personas que tuvieron un ERTE en 2020 estaban trabajando en la primavera de 2021".