El debate sobre el uso de tatuajes en la Guardia Civil ha llegado al Consejo de Estado, cuyo dictamen se espera en los próximos días después de que los Ministerios de Interior y de Defensa no se pusieran de acuerdo sobre una cuestión que muchos agentes creían ya superada. La decisión de la Dirección del Cuerpo de endurecer las restricciones, avalada por el ministro Grande-Marlaska, ha sido lo que ha motivado la discordia.

Según ha podido saber El Plural, se esperaba que el informe del Consejo de Estado viera la luz el jueves pasado, pero se ha retrasado debido a la falta de acuerdo entre ambos ministerios. Se cree que la decisión no tarde, ya que la Guardia Civil tiene interés de que se tome ya, antes del ingreso de los nuevos agentes, este mes de octubre, en el Cuerpo.

La "presión de los generales"

La normativa para endurecer las restricciones salió de la Dirección de la Guardia Civil, por "la presión de los generales", que han puesto sobre la mesa otra vez un tema para "el que ya parecía que se había conseguido el consenso", según explican a El Plural fuentes de organizaciones representativas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha optado por imponer a los guardias civiles eliminar en el plazo de un año los tatuajes en cabeza, manos y cuello, como parte de una normativa que incluye controlar la "la longitud, color y peinado del cabello, la longitud y color de las uñas, el afeitado o el uso de barba, bigote, perilla y patillas y el uso de maquillaje, y otros complementos y accesorios de imagen", según el real decreto que ha sido enviado al Consejo de Estado.

La postura de Defensa

El Ministerio de Defensa, del que depende también la Guardia Civil por su naturaleza militar, es más laxo en esta cuestión y no exige que sean eliminados los tatuajes, sino que se conforma con que no sean visibles con los uniformes y trajes reglamentarios o " contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso".

El Ministerio que dirige Margarita Robles establece, además, que no serán permitidos "los tatuajes, argollas, espigas e inserciones, automutilaciones o similares que sean visibles vistiendo las prendas comunes para personal masculino y femenino de los diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas”.

Un tema que no genera un problema social

Desde la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, la AUGC, advierten de la situación complicada en la que se expone a agentes que tengan que eliminar de su cuerpo los tatuajes, que "tendrán sólo un año para pagar" esas operaciones. Creen que es un debate innecesario, dado que no hay ningún conflicto social sobre este tema. "No conocemos a ningún guardia con tatuajes en sitios llamativos del cuerpo, como el cuello o la cabeza, ni conocemos denuncias al respecto", explica esta organización.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que se trata de una normativa "muy restrictiva" que afectará "a los integrantes del Cuerpo que poseen tatuajes, y también a quienes en un futuro inmediato quieran ingresar en el Cuerpo, por lo que "consideramos que es una total involución que vuelve a llevar a los guardias civiles a siglos pasados. Se pone en evidencia la falta de derechos fundamentales y libertades públicas de los agentes".

"Nos encontramos con un ministro incapaz de atender los principales problemas que afectan a los agentes en cuanto a la conciliación laboral, reparto justo de la productividad, cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial y medios materiales para desarrollar su trabajo, pero que no recorta esfuerzos en recortar derechos, como no se había visto en décadas", critican desde la AUGC.