La Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 ex directivos de Afinsa por la estafa piramidal con la compraventa de sellos que hace diez años dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 190.000 inversores, en su mayoría pequeños ahorradores, que perdieron prácticamente todo su dinero. Tras medio año de juicio, que terminó el pasado junio la Sección Primera de la Sala de lo Penal, condena, entre otros, al presidente de Afinsa, Antonio Cano a 12 años y 10 meses de cárcel, a Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa a 11 años; Carlos de Figueiredo, su hijo y consejero de la sociedad, a 11 años y 11 meses; y al jurista de la compañía, el exjefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Joaquín Abajo, a 6 años y 3 meses de prisión. Los condenados deberán indemnizar a los afectados, agrupados en distintas plataformas, en la cantidad de 2.574 millones de euros.
Estafa piramidal
La sentencia recoge las principales tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba 13 personas por delitos de estafa, insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales. Afinsa desarrolló entre el año 1998 y el 9 de mayo de 2006, cuando fue intervenida, un negocio de captación de ahorro masivo de apariencia lícita, basado en la compraventa de sellos por los que garantizaban altas rentabilidades, superiores a las de la banca o la bolsa. Sin embargo, los sellos no tenían el valor real que prometía Afinsa, que prometía a las víctimas una revalorización constante de los sellos que compraban, pero que en realidad pagaba los intereses de los inversores más antiguos con las aportaciones de los nuevos compradores, una suerte de esquema piramidal.
Intervenida en 2006
El 9 de mayo de 2006, Afinsa fue intervenida por el Gobierno (PSOE). En ese momento acumulaba unas deudas superiores a los 1.928 millones de euros. Los acusados, afirmaba la fiscalía, consiguieron perpetrar el engaño gracias a una red comercial “muy fuerte y muy bien pagada que presionaba al máximo” a los inversores. Esta red comercial, formada por 716 delegaciones en toda España, estaba formada por "profesionales sobre integrados en la subcultura de la organización hasta el punto de atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores".
Negocio inviable
El ponente de la sentencia, Ramón Sáez, argumenta que Afinsa era un negocio inviable, que carecía de sentido económico. Los sellos –llegaron a almacenar 150 millones de estampillas, la mayoría de ínfimo valor- se vendían a los clientes por un precio muy superior al de mercado y se les prometía la recompra por un precio aún mayor. La sobrevaloración constante de los sellos que aseguraba Afinsa era la clave del engaño, un “relato imaginado que solo inversores no informados y crédulos podían aceptar sin reserva”.
Los contables de Afinsa distorsionaban la realidad económica de la compañía y usaron "artificios técnicos" para ocultar su situación patrimonial y la producción de "pérdidas constantes". Los responsables de la trama daban una apariencia de solvencia a Afinsa que se sustentaba en la "inmensa liquidez que proporcionaban los contratos de inversión", es decir, el dinero que iban poniendo las víctimas de la estafa.