Los colectivos memorialistas regresan a Cuelgamuros y exigen al Gobierno una intervención “sin ambigüedades”

“Exigir Verdad, Justicia y Reparación nunca ha sido más urgente”. Con este mensaje regresan los colectivos memorialistas al Valle de Cuelgamuros, donde este 22 de noviembre celebrarán su vigésima concentración para denunciar la “pervivencia de símbolos dictatoriales” y reclamar que el recinto se convierta, por fin, en un memorial antifascista. La convocatoria —organizada por el Foro Social de la Sierra de Guadarrama, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y La Comuna, la asociación de personas presas y represaliadas por la dictadura franquista— vuelve a señalar un espacio que, casi dos décadas después de la primera protesta, continúa siendo un punto de fricción en la política de memoria española.

Desde que en 2007 se organizara la primera concentración, las demandas se han mantenido casi intactas: acabar con la exaltación del franquismo en cualquier forma, desacralizar la basílica, retirar a los monjes benedictinos, eliminar la simbología religiosa y dictatorial, y transformar el gigantesco monumento construido bajo el régimen en un lugar de homenaje a las víctimas del fascismo. Los colectivos recuerdan que el enclave no es solo un vestigio arquitectónico, sino también un símbolo de la represión, levantado —recalcan— con el trabajo forzado de miles de presos políticos.

Una oportunidad “desaprovechada” tras la Ley de Memoria Democrática

La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022, generó expectativas entre los colectivos memorialistas. La norma abría la puerta a una resignificación profunda del Valle de Cuelgamuros tras las exhumaciones de Francisco Franco en 2019 y de José Antonio Primo de Rivera en 2023. Pero, según denuncian ahora, ese impulso se ha debilitado.

El documento difundido por las organizaciones sostiene que el Gobierno ha optado por un camino inesperado: negociar con la Iglesia católica el mantenimiento de algunos de los elementos más controvertidos del recinto, especialmente la cruz de 150 metros, visible desde decenas de kilómetros, y la permanencia de la comunidad benedictina en la abadía. Un gesto que los colectivos consideran un freno directo al objetivo de convertir el espacio en un memorial centrado en las víctimas del franquismo.

La publicación de un concurso internacional de ideas para redefinir el espacio ha añadido más tensión. Lejos de gestionarse desde el Ministerio de Memoria Democrática, la convocatoria depende del Ministerio de Vivienda, lo que —según los convocantes— revela una orientación “más arquitectónica que memorialista”.

Los colectivos denuncian que esta decisión puede llevar a un proyecto que priorice la reforma estética o turística frente a la pedagogía histórica. “El mensaje que se envíe desde este espacio debe ser inequívoco”, afirman: recordar el carácter represivo de la dictadura, evitar la glorificación de sus símbolos y explicar el uso del trabajo esclavo en su construcción.

El debate sobre la cruz monumental

Uno de los puntos más simbólicos y controvertidos vuelve a ser la cruz que corona la montaña. Considerada por muchos como uno de los elementos más visibles de la arquitectura franquista, los colectivos memorialistas aseguran que su retirada sería un gesto imprescindible para romper con la estética del régimen. Añaden que el mantenimiento de esta estructura supone un “coste desproporcionado” debido a los problemas estructurales y al deterioro progresivo, lo que convertiría su eliminación en un acto de memoria y también de racionalidad presupuestaria.

Más allá de los símbolos, los organizadores insisten en que la concentración de este año no mira solo al pasado. “El fascismo sigue presente en nuestra sociedad”, afirma el documento, que llama a mantener la vigilancia frente a discursos de odio, revisionismos históricos y tentaciones autoritarias. Por ello, subrayan los principios internacionales de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, reclamando que España avance decisivamente en el cumplimiento de estos estándares.

Veinte años de movilización y un futuro incierto

La XX Concentración frente al Valle de Cuelgamuros llega en un momento de debate público intenso sobre la memoria democrática. Mientras el Gobierno defiende que está avanzando en la resignificación del espacio, las organizaciones memorialistas creen que el proceso se ha desviado del camino previsto por la ley y alertan de que ciertas concesiones pueden comprometer su sentido político y pedagógico.

La discusión sobre el futuro del recinto se ha convertido en un examen para el propio Estado. La conversión del Valle de Cuelgamuros en un espacio de memoria real, tal y como marcan los estándares internacionales, exige una voluntad política sostenida que vaya más allá de reformas superficiales o gestos de impacto mediático. Los colectivos memorialistas recuerdan que la pedagogía histórica no se garantiza solo con exhumaciones o concursos de ideas, sino con la capacidad institucional de señalar con claridad cuál fue el origen del monumento y qué papel jugó en la maquinaria propagandística del franquismo.

Ese desafío implica también definir qué mensaje se quiere transmitir a las generaciones que no vivieron la dictadura. Para las organizaciones convocantes, el Valle no puede seguir siendo un enclave ambiguo, donde conviven los restos de una arquitectura monumental levantada para glorificar al régimen con intentos parciales de reinterpretación. A su juicio, la responsabilidad pública pasa por transformar el lugar en un espacio que explique la represión, el uso de mano de obra esclava y la dimensión política del proyecto franquista, situándolo en el contexto de las violaciones de derechos humanos que acompañaron su construcción.