FACUA ha presentado una denuncia contra la empresa Diverbo (Iniciativas en Idiomas SL) por "expulsar" a una niña de 11 años con necesidades especiales de un campamento de inglés situado en Salto de Saucelle, en Salamanca.
Según explica la plataforma de defensa de los consumidores, La pequeña, Inés, tiene "retraso madurativo de dos años e inferior motricidad a la de sus compañeros" que no le impide asistir durante el año escolar a clases en su curso y a diferentes actividades extraescolares" y los responsables del campamento, dirigido a niños de entre 7 y 12 años, habían sido informados "en reiteradas ocasiones" de esa circunstancia.
La niña "tardaba en ducharse"
La familia de Inés denunció que el día del inicio del campamento, el pasado 28 de junio, la madre, Carolina Gómez, recibió una llamada telefónica, por la noche, en la que se le comunicaba que su hija presentaba un comportamiento extraño, como que "tardaba en ducharse", y que la madre de una de las otras dos niñas con las que la menor iba a compartir habitación se había quejado porque "su hija iba a tener que cuidar de una discapacitada".
Al día siguiente, sábado, y tras varias llamadas cruzadas entre la familia y los responsables de Diverbo, la dirección del campamento comunicó a la familia de Inés que le ofrecían la posibilidad de que una monitora se responsabilizara en exclusiva de la menor o debía ser expulsada porque "no podían hacerse cargo de ella durante las dos semanas que duraba el campamento".
Según la versión de la madre, la dirección del campamento puso como razón que los padres y madres de las otras niñas se quejaron porque "sus hijas están en un colegio de integración" y "cuando llega el verano se merecen disfrutar del campamento sin tener que estar con estos niños".
FACUA denuncia ante la Dirección de Comercio y Consumo
FACUA anunció que ha remitido, este martes, una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene su sede social, para que se abra "un expediente sancionador sobre la base de las competencias que tiene el organismo".
La plataforma fundamenta su denuncia "en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece que 'todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad'".
