La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado que los monjes benedictinos que controlan el Valle de los Caídos están residiendo en el complejo de forma ilegal, porque el convenio entre el Estado y esa comunidad religiosa habría expirado el 2 de octubre pasado. El presidente de la asociación, Emilio Silva, ha recordado que el Gobierno "tiene el deber de velar escrupulosamente por el cumplimiento de la Ley".

“Entendemos que si se ha extinguido la herramienta legal que llevó a la comunidad benedictina a residir en el Valle el fin del convenio tiene que significar la salida de los monjes benedictinos y la toma de los mandos por parte del Gobierno que ha consentido a los monjes comportamientos que extralimitaban sus competencias como la obstaculización del traslado de los restos del dictador”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH.

“El Gobierno tiene el deber de velar escrupulosamente por el cumplimiento de la Ley y este caso no puede ser una excepción. Urge tomar las riendas de ese lugar e iniciar con urgencia una intervención democrática en él y en ese sentido la prioridad debería ser exhumar los cuerpos reclamados por familiares y debe hacerse con urgencia porque algunos familiares son muy mayores y tienen derecho a enterrar a sus seres queridos en el lugar que consideren más digno y a que el Estado no sea un obstáculo, como ha sido hasta ahora, para que puedan hacerlo”, ha añadido Silva

La ARMH ha hecho público un comunicado, hace unos días, en el que informaba que ha presentado un informe ante la Fiscalía General del Estado, “que demuestra que los monjes benedictinos que residen y gestionan las instalaciones del Valle de los Caídos lo hacen ilegalmente desde el pasado 2 de octubre”.

Un convenio de 1958

La asociación ha reclamado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, el “estricto cumplimiento de la ley” y, por tanto, “el desalojo de Cuelgamuros”, porque los monjes benedictinos llevan “residiendo y gestionando parte de sus instalaciones de manera ilegal desde hace tres meses”.  

El convenio firmado por las autoridades franquistas en el año 1958, unos meses antes de la inauguración del Valle de los Caídos quedó extinguido el pasado 2 de octubre, como dicta la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, según señala la asociación.