El pasado 8 de agosto, 19 personas de origen senegalés llegaron a Madrid procedentes del municipio de Lanjarón (Granada, Andalucía). Una asociación facilitó el desplazamiento de estos migrantes a la Capital, donde esperaban ser atendidos. Este grupo, conformado en su totalidad por hombres y que contaba con diez menores de edad y un enfermo de fibrosis quística, se desplazó hasta la central del Samur Social para recibir ayuda, pero se toparon con la más absoluta indiferencia, según revela eldiario.es. La responsable del organismo municipal no les ofreció solución alguna y únicamente se ofreció a indicarles diferentes pensiones para pasar la noche, pagándolas de su bolsillo; dejando a todos ellos en la calle en plena ola de calor.
Ante la falta de recursos, el grupo de migrantes no tuvo más remedio que buscar cobijo en la calle, a las puertas del propio centro, que ni tan siquiera les provisionó con agua o les ofreció acceder al servicio durante horas. Quedaron a merced del asfixiante calor que golpeaba con dureza la Península durante esas jornadas. De hecho, el mercurio no bajó de los 25º por la noche. Fue a la mañana siguiente cuando los trabajadores del primer turno se encontraron con el grupo. Según el citado medio, éstos no daban crédito ante la situación, que algunos se atreven a describir como insólita, y de inmediato buscaron una vía alternativa para el grupo.
Los propios trabajadores elevaron una queja y esperaron la llegada de algún mando superior para esclarecer lo ocurrido. Desvelan que desconocían si esas indicaciones emanaron motu proprio de la responsable o de alguien por encima de ella. De hecho, cuando entró uno de los superiores del centro calificó la escena de “indignante”, confirmando que fue la encargada la que tomó la decisión de dejarles en la calle sin consultarlo con nadie al estimar que, como había niños en el grupo, se podía crear una suerte de vínculo con los trabajadores. Una explicación que los trabajadores del Samur Social tampoco terminan de entender, pues son conscientes, habida cuenta de las familias que se personan en el centro, que no pueden encariñarse con nadie y que, por tanto, la decisión de la responsable carecía de sentido.
Los trabajadores del turno diurno exponen que no es “necesario” que la asistencia sea una competencia directa del centro, sino que su obligación es prestar sus servicios de orientación y, como mínimo, no “abandonarles a su suerte”. Tras atar cabos y dibujar el mapa completo de lo ocurrido, el mando superior dio órdenes a sus subalternos de activar el procedimiento habitual en estos casos. Por lo tanto, tras pasar toda la noche a merced del sofocante calor y carentes de agua y baño, les permitieron acceder a las instalaciones para asearse, además de escuchar el caso particular de cada uno de los integrantes del grupo para derivarlos a los caminos pertinentes. En algunos supuestos, incluso tuvieron que aplicar protocolos de emergencia, debido a que uno de los hombres padecía fibrosis y estaba en un estado de gravedad. A este hombre se le alojó a través de Samur Social, mientras que al resto, incluyendo los diez menores, se les derivó a los servicios de Cruz Roja, sobre quien recae las competencias de gestionar casos de protección internacional.
Sin sanción
Tras solventarse la situación, los trabajadores dieron parte a sus superiores de la escena que se encontraron al llegar. Aunque sus quejas cayeron en saco roto, dado que decidieron desentenderse de la cuestión pese a que reclamar algún tipo de amonestación para la responsable en cuestión. Según revela eldiario.es con base a declaraciones de los propios empleados, en estos casos, si los encargados designados por la empresa que gestiona el servicio no actúan, recae sobre el Ayuntamiento de Madrid la imposición de sanciones pertinentes en tal caso, dado que la dirección y supervisión del Samur Social compete a la Corporación municipal.
Sin embargo, la parcela de Políticas Sociales, Familia e Igualdad entiende que no existen motivos para sancionar o despedir a nadie, precisando que los responsables del Samur Social actuaron en todo momento conforme a los protocolos establecidos y mantuvieron el canal abierto con la Secretaría de Estado de Migraciones. De hecho, esgrimen que el grupo de migrantes, acogidos en Lanjarón por la entidad AFAVI -en los márgenes de atención humanitaria del Gobierno central-, decidieron abandonar este resorte por sus propios medios y que, por tanto, las funciones del Consistorio pasan por “asistir exclusivamente en situaciones de emergencia social”. En este sentido, creen que este supuesto excede sus competencias porque este grupo de personas estaban acogidas y recibiendo servicios por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Insisten desde la Corporación municipal que, al formar parte de la red estatal de acogida no existe una situación de emergencia social y se desquitan de cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, según expone eldiario.es, el Samur Social estaría obligado a actuar ante situaciones “imprevistas” que pudieran devengar en exclusión social de las personas afectadas y, así, ofrecer una respuesta inmediata para evitar su desprotección, incluyendo orientación para hallar la ayuda que requieren. Entre el abanico de excusas a las que se acoge el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida destaca la disposición de “fondos aportados por la entidad que los atendía en Lanjarón”, aunque según los trabajadores del Samur Social “sólo llevaban cien euros”. En otras palabras, una cantidad inviable para pasar más que unos días, por lo que les llevaría a solicitar de nuevo su ayuda.
Así las cosas, tras recibir el apoyo de Cruz Roja, el grupo optó por regresar a Lanjarón. El Samur Social asumió las gestiones necesarias para facilitar su regreso. Según exponen, llegaron sin incidencias y fueron recogidos y trasladados posteriormente al recurso del que habían partido hacia Madrid. No obstante, para los trabajadores no es suficiente y urgen al Ayuntamiento a depurar responsabilidades.