Cada vez es más habitual hablar de salud mental en nuestro país. Lo que hace no mucho era un absoluto estigma, se ha naturalizado con el paso de los años, permitiendo que se aborde sin ningún tipo de tabú -o, al menos, con muchísimo menos- y facilitando de esta manera que las personas que estén atravesando un mal momento no se sientan solas. Sin embargo, hoy en día todavía queda camino por recorrer para que la teoría se haga del todo práctica desde el punto de vista profesional, y esto no depende de que los trabajadores hagan todo lo posible para ello, ya que su esfuerzo resulta incansable, sino porque redoblen el apoyo desde más arriba.
En este sentido, la salud mental es una de las grandes obsesiones del actual ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García. Ya lo era para su formación -Más Madrid- cuando la entonces diputada de la Asamblea de Madrid ejercía como portavoz de la formación progresista en la Cámara Baja madrileña. Ahora, el departamento del Ejecutivo Central planea una nueva hoja de ruta que termine de asentar las bases sobre cuestiones muy concretas en la materia como la financiación y los recursos humos o contra el suicidio y las contenciones aplicadas.
Puntos principales del nuevo Plan de Acción de Salud Mental (2025-2027)
La cartera dirigida por García prepara un Plan de Acción Salud Mental 2025-2027, cuyo primer borrador ha sido entregado a las diferentes autonomías y sociedades científicas en las últimas semanas. Desde este momento, se abre un periodo de aportación en el que los expertos esgrimirán sus necesidades y que, sobre el papel, debería terminar por definir muchos aspectos anteriormente mencionados del plan.
Especialmente reseñable resulta la lucha particular de Sanidad por evitar las muertes voluntarias, un problema creciente asimismo entre la población joven. Para disminuir la cifra -con el objetivo último de terminar definitivamente con esta lacra-, el documento dispone de un plan específico aparte.
Pero el texto, que impulsa la comisionada del área, Belén González, también se centra en puntos que nunca han terminado de resolverse del todo, como son el uso de contenciones mecánicas que inmovilizan a los pacientes o la desinstitucionalización real de algunos enfermos.
Por partes, es una evidencia que para poner coto a los problemas de salud mental es necesario que aumente el número de profesionales. La gestión de los servicios -también el humano- depende de las comunidades autónomas y la situación entre ellas es dispar, aunque preocupante en aspectos generales. De esta manera, en Madrid, por ejemplo, una primera consulta puede tardar hasta cuatro meses, aunque la situación se extiende por el conjunto del país, de manera que los profesionales exigen, entre otras cosas, crear la especialidad de Psicología Infantil y la Adolescencia, o la contratación de Enfermería de Salud Mental.
Otro de los apartados en los que el borrador hace hincapié pasa por ofrecer la asistencia a los ciudadanos dentro de su entorno social y familiar. Hay territorios, como Cataluña, que ya se sitúan a la vanguardia en este sentido, trabajando en algunos centros con Unidades Funcionales de Recuperación y Proyecto de Vida.
La autonomía con capital en la Ciudad Condal disfruta de cinco de estos centros y se ha comprometido a reducir las camas de larga estancia, algo que, eso sí, solo resulta de utilidad para una parte de los pacientes, no para los que llevan años y han perdido la capacidad de cuidarse ‘por sí solos’, sin ayuda. Para estos segundos es necesario que se amplie el número de dispositivos y pisos con los niveles adecuados de apoyo para que la desinstucionalización sea completa.
Por supuesto, no hay que perder de vista la necesidad de atender a un modelo de atención orientado a los derechos humanos, que deje del todo apartado el estigma y según qué prácticas. En estas, el plan contempla ampliar el control y disminuir el número de las conocidas como “intervenciones involuntarias sobre los pacientes”, como puedan ser las contenciones mecánicas, un punto que ha resultado especialmente controvertido en la elaboración de las líneas. En la práctica, los especialistas coinciden en que algunos de estos planes se elaboran como si estuvieran pensados para tratamientos de hace casi medio siglo a pesar de que hay cuestiones que ya están superadas.
El asunto de las contenciones aplicadas es un punto especialmente delicado en materia de salud mental, ya que, si bien se trabaja por un horizonte de “contención cero”, el ideario no siempre es posible, dado que en algunos casos sí resulta necesaria la aplicación de estas técnicas, pero los expertos coinciden en que una pronta identificación e intervención en algunas enfermedades puede evitar en última instancia su aplicación.
No podía faltar en la nueva normativa -aunque haya que esperar para ver de qué manera ve la luz- una bajada en el consumo de antidepresivos y ansiolíticos, una cuestión que encuentra también su base en la identificación del problema y la pronta intervención. A mayor número de profesionales, más posibilidad hay de detectar el problema; lo mismo que si se redujeran las interminables listas de espera a las que se enfrenta la sanidad pública en este sentido.
En el documento figuran asimismo colectivos concretos como la infancia, los adolescentes, las víctimas de violencia de género, etc…a quienes el plan debe dar cobertura.