Es decir, quienes acusan a los musulmanes de ir por detrás son, precisamente, quienes nunca movieron un dedo para que España dejase de ser una dictadura nacionalcatólica, quienes han defendido hasta la extenuación la presencia del crucifijo en las aulas, han votado en contra de la paridad en las listas electorales y, día sí y día también, hacen bromas groseras y cavernícolas a costa de los atributos físicos de cualquier mujer política de las filas del rival. Para el PP, para nuestra derecha, el problema a resolver no es la relación entre Estado e Iglesia, sino un inexistente conflicto entre moros y cristianos; de la misma forma que cuando abordan la cuestión territorial no lo hacen en términos de descentralización o centralismo, sino de españoles contra catalanes y/o vascos. Lo suyo no es compartir ideas para convivir, sino enfrentar banderas y sentimientos de pertenencia.
Un amigo votante de UPD y contrario a la paridad, me decía que entiende que en Túnez se imponga la igualdad por ley, pero no España, pues según él nuestro país goza de una total y absoluta igualdad de oportunidades. La supuesta “normalidad” de la situación de la mujer para justificar la no necesidad de leyes correctoras, es una creencia muy extendida entre el sector más conservador del electorado. Pero es una creencia fácilmente falsable. Según Eurostat, las mujeres españolas cobran un 16 % menos que los hombres, su presencia en los Consejos de Administración de las Sociedades Cotizadas representa tan sólo el 9,8%, y entre quienes no buscan empleo por dedicarse a cuidar de hijos, mayores o discapacitados, un aterrador 97% corresponde a mujeres. Me cuesta mucho pensar que esta situación se deba a incapacidades personales azarosamente distribuidas, como se deduciría del pensamiento conservador, aparentemente meritocrático, y no a discriminación por género. Y con todo, a pesar de su aspecto sombrío, estas cifras invitan al optimismo, pues eran significativamente peores hace sólo diez años. Por aquel entonces el Gobierno del PP ni se planteaba aprobar leyes correctoras como las que España disfruta ahora, amparándose en ese prejuicio ideológico de la “igualdad de oportunidades conquistada” por la que ellos nunca hicieron nada.
En el fondo, lo que separa nuestras visiones es una concepción diferente de le la libertad. Para los conservadores, la libertad equivale a no injerencia. No injerencia en el mercado, en la sociedad, en las relaciones laborales. Para los progresistas, la nuez de la libertad está en la no dominación. No dominación ni dependencia en las relaciones económicas, familiares ni sociales. Por eso, porque creemos que la igualdad y la libertad no vienen solas, sino que hay que conquistarlas garantizando la autonomía frente a quienes aprovechan la ausencia de reglas para imponer su fuerza, representamos opciones política (y legítimamente) enfrentadas. En España, además de estas visiones divergentes de la libertad, me temo que también nos distingue una aproximación más higiénica y respetuosa del diferente. Pero hoy no es día para hablar del PP ni del alcalde de Valladolid, sino de celebrar que Túnez ha iniciado una senda irreversible hacia la democracia.
Antonio Asencio es militante socialista e investigador en la Universidad de Málaga
Un amigo votante de UPD y contrario a la paridad, me decía que entiende que en Túnez se imponga la igualdad por ley, pero no España, pues según él nuestro país goza de una total y absoluta igualdad de oportunidades. La supuesta “normalidad” de la situación de la mujer para justificar la no necesidad de leyes correctoras, es una creencia muy extendida entre el sector más conservador del electorado. Pero es una creencia fácilmente falsable. Según Eurostat, las mujeres españolas cobran un 16 % menos que los hombres, su presencia en los Consejos de Administración de las Sociedades Cotizadas representa tan sólo el 9,8%, y entre quienes no buscan empleo por dedicarse a cuidar de hijos, mayores o discapacitados, un aterrador 97% corresponde a mujeres. Me cuesta mucho pensar que esta situación se deba a incapacidades personales azarosamente distribuidas, como se deduciría del pensamiento conservador, aparentemente meritocrático, y no a discriminación por género. Y con todo, a pesar de su aspecto sombrío, estas cifras invitan al optimismo, pues eran significativamente peores hace sólo diez años. Por aquel entonces el Gobierno del PP ni se planteaba aprobar leyes correctoras como las que España disfruta ahora, amparándose en ese prejuicio ideológico de la “igualdad de oportunidades conquistada” por la que ellos nunca hicieron nada.
En el fondo, lo que separa nuestras visiones es una concepción diferente de le la libertad. Para los conservadores, la libertad equivale a no injerencia. No injerencia en el mercado, en la sociedad, en las relaciones laborales. Para los progresistas, la nuez de la libertad está en la no dominación. No dominación ni dependencia en las relaciones económicas, familiares ni sociales. Por eso, porque creemos que la igualdad y la libertad no vienen solas, sino que hay que conquistarlas garantizando la autonomía frente a quienes aprovechan la ausencia de reglas para imponer su fuerza, representamos opciones política (y legítimamente) enfrentadas. En España, además de estas visiones divergentes de la libertad, me temo que también nos distingue una aproximación más higiénica y respetuosa del diferente. Pero hoy no es día para hablar del PP ni del alcalde de Valladolid, sino de celebrar que Túnez ha iniciado una senda irreversible hacia la democracia.
Antonio Asencio es militante socialista e investigador en la Universidad de Málaga