Desde la recuperación de la democracia en España, hace ya más de cuarenta años, nunca una precampaña electoral se había presentado con tantos factores emocionales. Digo precampaña, porque lo que ocurrió el 11M de 2004, con los brutales atentados terroristas del islamistas ultradicalizados sucedió a solo tres días de la fecha de la cita electoral, el 14M.

Incluso si hacemos abstracción del confuso y convulso contexto internacional en el que nos movemos, con la amenaza de una nueva gran crisis económica y financiera global, las previsibles consecuencias negativas del Brexit, las locuras incesantes de Trump y de otros dirigentes extranjeros de su estilo y muchos otros fenómenos nada optimistas, en la misma España nos aguardan ahora unas semanas con excesivas emociones.

De entrada, todo apunta a que el próximo lunes, día 14 de octubre, el Tribunal Supremo dará a conocer su sentencia sobre el proceso instruido contra casi todos los principales dirigentes políticos y sociales del llamado “proceso de transición nacional de Catalunya”, los líderes del secesionismo catalán. Sea cual sea esta sentencia, excepto si fuese absolutoria por completo para todos los acusados -y esto es obvio que no sucederá porque no puede ser, y además es imposible-, se espera que en Catalunya habrá todo tipo de manifestaciones y actos de protesta. Los anuncios hechos al respecto por parte tanto de todos los tres partidos independentistas -JxCat, ERC y CUP-, como por parte de las dos grandes organizaciones civiles separatistas -ANC y Òmnium Cultural- y también algún que otro grupo o grupúsculo todavía más extremista -el hasta ahora inédito Tsunami Democràtic, los CDR, Arran o una difusa Intersindical en abierto desacuerdo con las auténticas centrales sindicales-, es obvio que no invitan precisamente a la calma. Otra cosa muy distinta son las llamadas a la desobediencia, tanto civil como institucional, que vienen realizando algunos de los dirigentes independentistas más extremistas, en especial los que residen en el extranjero tras haber huido de los tribunales de justicia españoles.

Habrá que ver cuáles serán los niveles de tensión, intensidad, duración y sobre todo de verdadera participación popular que llegan a tener estas reacciones a la sentencia del Supremo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con los Mossos d’Esquadra a la cabeza y con la posibilidad de contar con el respaldo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tienen la responsabilidad de defender al conjunto de la ciudadanía y preservar el orden público y los bienes públicos y privados. Esta es su función. A buen seguro que la ejercerán y que lo harán de conformidad con la legalidad propia de un Estado democrático de derecho como por suerte es España desde hace más de cuarenta años.

Se puede disentir o discrepar de cualquier sentencia o resolución judicial. Se la puede criticar. No obstante, en un Estado democrático de derecho todas las sentencias deben ser respetadas y acatadas, incluso desde la discrepancia y la crítica. Conviene recordarlo ahora, no sea que a algunos se extralimiten en sus reacciones de protesta y añadan más leña al fuego.

Y por si no bastara con esto y con todas las emociones que todo ello excita, ahora sabemos que antes del día 25 de octubre, y muy posiblemente el día 22, tendrá por fin lugar la tantas veces anunciada y por muchísimos ansiada y esperada definitiva exhumación de los restos del dictador Francisco Franco Bahamonde de su insultante mausoleo del llamado Valle de los Caídos. Conviene recordar que esta exhumación se llevará a cabo también por sentencia del mismo Tribunal Supremo y que dicha sentencia debe ser acatada y respetada, aunque se pueda disentir o discrepar de ella, aunque también pueda ser criticada.

Aún más, como afortunadamente en España vivimos en un Estado democrático de derecho, estas sentencias de nuestro Tribunal Supremo pueden ser apeladas o recurridas ante el Tribunal Constitucional, y si éste no las admite a trámite o deniega la demanda, todavía pueden ser recurridas a una instancia superior, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En el caso del dictador Franco no dejaría de tener un cierto aire surrealista ver cómo su familia y sus seguidores apelan a unos derechos que su Caudillo pisoteó durante cuarenta años. También resultaría chocante, aunque tanto en uno como en otro caso fuese plenamente legítimo y legal, si lo hicieran los dirigentes del secesionismo catalán, que en su proyecto inicial de Constitución de la nonata República Catalana tenían previsto un sistema judicial propio dependiente única y exclusivamente del presidente de la Generalitat, sin ninguna clase de separación de poderes.

Nos esperan muchas, demasiadas emociones en las próximas semanas, antes de las elecciones del próximo 10N.