Desde hace tiempo, casi cada día puede ser malo para los populares. No hay semana en la que no se conozca o un nuevo caso o un detalle nuevo de alguna trama ya existente. Gürtel, Púnica con Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, Imelsa, Mato, Barberá, Rus, Fabra, Acuamed, Rato, Soria… son sólo algunos de los nombres que rodean al Partido Popular en los últimos años.

Pero este martes, los populares deberían estar pendientes de otras dos personas: del que fuera su alcalde en Móstoles, Daniel Ortiz, que acabó dimitiendo acorralado por la Púnica en Madrid; y del funcionario que denunció y asentó la idea de que las raíces de la misma trama son mucho más largas de lo que creíamos y que llegan hasta Murcia. Ambos, declaran ante el juez este martes que, no sólo por la fecha, sino también por lo que se descubra, se convertirá en un verdadero martes 13 para el PP.

Púnica en Madrid: mordidas, adjudicaciones…

El pasado 8 de julio, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, anunció su dimisión. Una renuncia que llegaba tarde exactamente, 48 horas, las que pasaron desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunciase que le investigaría por su relación con la trama Púnica hasta que, tras reunirse con Cristina Cifuentes, dijera públicamente que renunciaba a “todos sus cargos”.

Pero si lo dicho hasta el momento podía parecer escaso para tener que dimitir, he aquí otra razón: tiene que dar algo más que explicaciones ante la jueza Susana Polo al estar acusado por cohecho, fraude y tráfico de influencias. 

Y es que, según la justicia, Ortiz había utilizado su condición de alcalde para influir y conseguir que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en Móstoles “independientemente de cuál fuera la oferta más ventajosa”. A cambio, la trama Púnica habría repartido entre varios miembros del Ayuntamiento, entre ellos Ortiz, una mordida de 746.000 euros.

Con su implicación en esta trama que ya inunda Madrid y sus pueblos, Cifuentes veía como otro de sus hombres era señalado por supuesta corrupción. A la presidenta que quiere romper con la tónica de su partido, o eso dice.

“En el PP tenemos tolerancia cero frente a la corrupción”, decía Cifuentes en mayo asegurando que no dudaría en pedir la dimisión de Ortiz si el Tribunal decidía investigarle. Meses después, matizaba: “Hay que esperar a ver si el instructor decide la práctica de nuevas actuaciones o bien hay un auto formal de investigación”. Al final, tardó dos días en reunirse con él para pedirle su marcha ante las presiones de Ciudadanos, que amenazaron con romper el pacto por el que Cifuentes gobierna en la Comunidad de Madrid.

Púnica en Murcia: campañas de reputación con dinero público

Lo que empezó de la mano corrupta del exconsejero madrileño de Presidencia Francisco Granados y el constructor David Marjaliza en la capital, creció y se extendió hasta llegar a Murcia. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y más después de la aparición de un nuevo testigo: un funcionario de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Murcia que denunció las relaciones que mantenía el presidente popular de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con dos empresas de la Púnica.

Concretamente, según las pruebas presentadas por este testigo, el popular habría contactado con las empresas Eico Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, para supuestamente encargarles una campaña de reputación para ser el candidato del PP que, aunque sería personal, pensaba cargar a las cuentas de la Administración murciana.

Este testigo asegura que puede demostrar “fehacientemente” toda la información existente “sobre las reuniones/relaciones entre el entonces consejero de Educación don Pedro Antonio Sánchez, su asesor don David Conesa e incluso algún alto cargo de la Consejería de Educación”.

Este martes 13, el funcionario acudirá al juzgado para ratificar su denuncia. Pero su declaración, sólo es una posible prueba más que se suma al informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el que se argumenta que el dirigente del Partido Popular habría incurrido en un delito de “fraude en materia de contratación pública” al haber firmado destinar 32.200 euros al año más IVA (4.600 euros al mes durante ocho meses) de fondos públicos para mejorar presuntamente su imagen. Finalmente no se pagó ni un euro, pero simplemente porque esta ramificación de la Púnica estalló unos días antes de comenzar el contrato.

Dos datos más: el dinero iba a salir de una partida destinada a la formación, dentro del presupuesto de la Consejería de Educación, que por el año 2014 dirigía el actual presidente; y la UCO documenta hasta tres reuniones entre Sánchez, su equipo en la Consejería de Educación y representantes de Eico y Madiva.