UGT ha pedido a la Fiscalía que investigue la gestión en 13 residencias públicas de mayores y de personas con discapacidad y seis privadas durante la pandemia coronavirus en Castilla y León, donde del total de 1.214 centros sólo 25 son públicos.

El sindicato quiere que se abra diligencias por la gestión de la residencia de Armunia (León), Puente de Hierro (Palencia),  las de atención a minusválidos psíquicos en Béjar y La Salle (Salamanca), dos centros de Segovia, dos residencias Parquesol (Valladolid) y la de Minusválidos Virgen del Yermo, Los Tres Árboles y la mixta 'Los Valles' de Benavente (Zamora).  Además de estos centros públicos UGT pide que se investigue a seis privados en Valladolid, aunque no han hecho público sus nombres.

Residencias que cobran 2.000 euros y no tienen médico

El secretario General de FeSP-UGT Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha anunciado de que la Fiscalía de Zamora ya ha responido que iniciará diligencias.  "No es una causa general. El sistema ha fracasado. Hablamos de residencias que cobraban 2.000 y 2.500 euros y no había ni un médico ni un enfermero", ha explicado el dirigente sindical.

Urueña ha señalado que en la residencia de Armunia, en León, "hasta el 26 de marzo no se distribuyen mascarillas quirúrgicas o ffp2. El 30 de marzo todavía se hacían batas con bolsas de basura 46 positivos y 11 fallecidos".

El sindicato denuncia que se oculta los datos de las privadas

En Castilla y León han muerto 2.493 mayores de residencias en los hospitales o en los centros residenciales por coronavirus, confirmados o con síntomas compatibles con esta enfermedad. De todos estos, 239 corresponden a los 25 centros públicos. 

El sindicato ha aclarado que la Consejería de Familia sólo ha dado información de las residencias públicas y mantiene ocultos los datos de las privadas. Además, ha alertado de que el miedo de los trabajadores a represalias o despidos impide que se puedan realizar denuncias públicas de cuál es la situación en estos centros.

"Queremos transparencia, claridad, que se nos diga qué es lo que ha pasado. Tenemos suficientes medios tecnológicos y telemáticos para hacerlo", ha exigido el secretario General de FeSP-UGT Castilla y León.

El sindicato ha reclamado s todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León que soliciten una comisión de investigación "para dilucidar todas las dudas creadas por la gestión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades". UGT ha remitido su denuncia también al Procurador del Común (Defensor del Pueblo en la región) a través de una carta en la que critica la distribución de mascarillas defectuosas entre el personal sanitario y no sanitario. "Estas mascarillas fueron sospechosas de no cumplir los requisitos de calidad en la protección que prestaban", explica el sindicato, que denuncia que a unos profesionales que las han utilizado se les ha informado de la necesidad de acudir "inmediatamente" al Servicio de Prevención para realizarles las pruebas y a otros no, después de haberse demostrado su "ineficacia y retirada".