El presidente de la Generalitat no está dispuesto a acatar la pérdida de su acta de diputado dictada por la Junta Electoral Central ni tras la decisión del Tribunal Supremo de negarle el amparo solicitado. Quim Torra se ha atrincherado en el Parlament, trasladando a la cámara catalana la responsabilidad de desobedecer al ultimátum de la JEC o abandonarlo a su suerte de presidente sin escaño, cediendo a la represión del Estado. Mañana lunes, con el plazo de sustitución agotado, habrá pleno y habrá que ver si el republicano Roger Torrent, presidente de la cámara, se la juega por Torra, situando a la institución otra vez al borde del abismo, como en los tiempos de Carme Forcadell.

Los servicios jurídicos del Parlament ni siquiera han emitido ninguna nueva opinión tras la decisión del Tribunal Supremo de avalar a la JEC, incluso antes de tratar el fondo la sentencia de inhabilitación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Torra no ha presentado todavía el recurso contra aquella sentencia. El plazo se agota a primeros de febrero y de no mediar un cambio radical en las posiciones defendidas por JxCat y ERC, la obstinación de Torra de no aceptar su condición de ex diputado podría tener ya nuevas consecuencias colaterales a las de su propia condena para cuando ésta sea firme.

De las tres opciones existentes, aceptar la pérdida de su acta y mantener la presidencia; presentar su renuncia a la presidencia por haber dejado de ser diputado o mantenerse en su lógica de que no ha pasado nada y sigue siendo diputado y presidente, Torra ha optado por esta última, la que crea mayores dificultades a ERC. La intención del presidente de la Generalitat es transparente: su muerte política debe caer en la conciencia de los republicanos; y de los socialistas y el gobierno de Sánchez, pero esto ya no es novedad.

El gobierno de JxCat y ERC es un cadáver político. El 61,6% de los encuestados por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat consideran que dicho gobierno de coalición no sabe cómo resolver los problemas de Cataluña. La paradoja de esta terrible posición es que se concreta en el momento en el que está en condiciones de aprobar el primer presupuesto catalán desde 2017. Esta buena noticia ha sido posible gracias a la predisposición del partido de Ada Colau. Los Comunes no han disimulado lo más mínimo el sentido de la operación: debería ser el primer paso en la dirección de un cambio de gobierno en Cataluña, hacia un nuevo tripartito de izquierdas. Además, el pacto solamente ha sido efectivo al comprobarse que ERC apoyaba las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona.

La aprobación del presupuesto, pues, ni siquiera será garantía de la continuidad del actual gobierno. El lio provocado por Torra al desobedecer reiteradamente (y transitoriamente) a la JEC por un quítame unas pancartas en plena campaña electoral será, a la postre, el desencadenante de la ruptura entre JxCat y ERC, trabajada tozudamente por ambas partes desde hace meses. Torra dejará de ser presidente bien ahora (difícil) bien dentro de unos meses, cuando, muy probablemente, el TS confirme la sentencia del TSJC. La incógnita es cual será el precio que deberá pagar ERC: si aceptará el abrazo mortal de Torra e incurrirá en desobediencia o si asumirá la caída del presidente de la Generalitat por imperativo legal, pasando a engrosar las filas de los traidores al país.

En la primera reacción del Parlament, al punto de conocerse la decisión de la JEC de avanzar la inhabilitación sentenciada por el TSJC, el PSC y los Comunes asumieron, con más o menos entusiasmo, el informe de los letrados de la cámara en el que se recogía la tesis de la falta de legitimidad de la JEC para tomar aquella decisión, abriendo la puerta a la continuidad de un presidente sin escaño. Después que el TS rechazara frenar las prisas de la JEC por inhabilitar a Torra, tanto socialistas como comunes, expresaron sus dudas a seguir defendiendo las tesis iniciales, solicitando un nuevo informe de los letrados que Torrent no encargó. Paralelamente, Torra hizo saber que de ninguna manera aceptaría la pérdida de su acta, a menos que el pleno del Parlament así lo votara, trasladando toda la presión a Torrent.

Para Ciudadanos y PP no hay duda, ni la hubo en ningún momento: Torra es ex diputado y en consecuencia ex presidente. Mañana, será día de amenazas de querellas, unos hablan de usurpación de funciones por parte de Torra y Torra amenaza con acciones penales por la presión a la que se está sometiendo a Torrent, un abrazo envenenado. Para Torra está en juego la soberanía del Parlament, para quienes critican la resistencia del presidente a respetar las resoluciones judiciales, el personalismo de Torra pone en peligro la institución. ERC tiene la última palabra.