Sumar, restar y dividir

Desde hace demasiado tiempo, el espacio a la izquierda del PSOE se ha caracterizado por la fragmentación, las constantes apelaciones a la unidad y una dinámica en la que los reproches han prevalecido sobre los elogios. El hecho de que, en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, las diferentes fuerzas que integran este espectro político se presentaran por separado fue un factor relevante para que el Partido Popular y Vox alcanzaran la mayoría absoluta en diversos territorios. Aquel fracaso estrepitoso fue clave para que, de cara a las elecciones generales de ese mismo año, la inmensa mayoría de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se pusieran de acuerdo y articularan una candidatura unitaria en torno a la figura de Yolanda Díaz.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que, al cabo de unos meses, los cinco diputados de Podemos decidieron abandonar Sumar y pasar al Grupo Mixto del Congreso. Asimismo, cabe recordar que las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía confirmaron una tendencia que este bloque electoral arrastra desde hace tiempo. En otras palabras, la ciudadanía castiga la división y premia la unidad y las organizaciones arraigadas en el territorio; las batallas internas solo sirven para fortalecer las opciones conservadoras a las que estas formaciones dicen combatir; y este espacio necesita renovar su discurso y replantear el enfoque de sus propuestas si quiere recuperar el apoyo ciudadano. También debe asumir que la pureza ideológica no existe: gobernar implica aceptar contradicciones, especialmente en parlamentos cada vez más plurales y fragmentados. Precisamente, Podemos todavía no ha entendido que la gobernabilidad en España depende de las mayorías parlamentarias en el Congreso y que, por tanto, por mucho que reclamara durante esta legislatura al Gobierno central que impulsara determinadas iniciativas, si no había una mayoría política en la cámara baja que las respaldara, era injusto culpar permanentemente al resto de actores progresistas de someterse a los intereses de la derecha y de la patronal.

Este es, a grandes rasgos, el contexto en el que se ha llegado a la situación actual. Tras semanas de conversaciones —más propias de un sainete que de una negociación política—, se ha confirmado lo que muchos temíamos: no se ha alcanzado ningún acuerdo y, por tanto, será mucho más difícil reeditar un ejecutivo progresista. Así pues, la izquierda alternativa solo concurrirá conjuntamente en la Comunidad Valenciana y en las Islas Canarias.

La responsabilidad, en este caso, es compartida, pero hay dos actores que han dificultado especialmente que el acuerdo llegara a buen puerto. El primero es Podemos, que, con su intransigencia y su falta de generosidad, ha antepuesto claramente la supervivencia de sus siglas y la posibilidad de mantener algún representante en el Congreso a la configuración de una candidatura unitaria que diera opciones a las formaciones de izquierdas de volver a constituir un gobierno como el actual.

El ensayista y pensador Josep Burgaya expresa en su libro La política, malgrat tot (Eumo Editorial, 2018) que Podemos es “crítica pura y dura, sin un programa alternativo demasiado claro ni específico” y que “existe la voluntad de ser una propuesta naíf, indefinida, con rasgos casi infantiles con los que es difícil no estar de acuerdo: no nos corromperemos, no malgastaremos el dinero público, nos preocuparemos por todos...”. Burgaya añade más adelante que, dentro de la formación morada, “se instalan en la posesión absoluta de la verdad, transmiten únicamente certezas, ninguna duda, y adoptan una actitud de superioridad moral que puede resultar incluso ofensiva”.

El segundo es ERC, que, con su acuerdo con Podemos en Cataluña, ha dificultado que el Frente Amplio y la formación de Irene Montero concurrieran juntos a las elecciones. En este sentido, si Gabriel Rufián tenía tan claro que la mejor opción era constituir un frente común con todas las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, ¿no habría sido más inteligente abandonar el partido catalán y jugar esta partida desde otra posición? ¿O es que, en realidad, el objetivo era fortalecer a ERC, sumar a Podemos y debilitar a los comunes en Cataluña?

Si todo esto resulta difícilmente comprensible para quienes nos dedicamos al análisis de la realidad, todavía lo es más para una ciudadanía —especialmente la progresista— que ha asistido atónita al espectáculo de las últimas semanas. Un espectáculo que perjudica el sentido mismo de la política, porque sitúa los intereses de los partidos por encima del objetivo principal, que no es otro que evitar que el PP y Vox accedan al Gobierno de España. Unos partidos, además, que habían nacido para regenerar la acción institucional y no repetir los esquemas ni las fórmulas de las formaciones tradicionales, pero que han acabado perdiendo de vista que tienen la responsabilidad de canalizar las demandas cívicas y sociales y darles respuesta desde las instituciones. Sin embargo, ¿de qué sirve canalizar estas demandas si no se tiene representación en las cámaras legislativas ni en los ejecutivos y, por tanto, no se dispone de la capacidad necesaria para modificar leyes o políticas?

No obstante, lo más preocupante es la desilusión que se ha extendido entre las bases de todo este espacio político. La ciudadanía progresista quiere proyectos que transmitan esperanza, optimismo y capacidad para reducir las desigualdades. Ahora bien, si la conversación pública gira únicamente en torno a disputas sobre las candidaturas y el orden de las listas, los electores acaban desmovilizados y agotados.

No deja de ser curioso, por todo ello, que la “nueva política” haya acabado imitando las peores prácticas de la “vieja política”. Quizá, cuando se den cuenta del error histórico que han cometido, ya sea demasiado tarde. Un gol en propia puerta que podría precipitar un cambio de ciclo político en España y que probablemente también celebraría Junts, ya que sería el anzuelo que la formación necesita para recuperar músculo en las turbulentas aguas del independentismo.

Un cambio de ciclo o, dicho de otro modo, un Gobierno del PP y Vox que podría tener un impacto negativo para la inmensa mayoría de la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Es el coste de la división. O, dicho de otra manera, el precio de no buscar la suma entre diferentes, sino la resta entre iguales.