El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes el recurso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó contra la ley de amnistía. Ante la decisión del Constitucional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no quedarse callada y ha expresado su opinión en redes sociales.
La última resolución del Constitucional no ha pareció sentar bien a al PP, entre cuyos rostros destaca el de la propia presidenta de la capital, que fue quien inició el camino contra la ley de amnistía el pasado 2024 desde su autonomía. Ayuso, dejando patente su disconformidad con el fallo de la justicia, ha reaccionado al titular en su cuenta de X con un mensaje irónico que ataca al Gobierno de Pedro Sánchez.
“¿Qué esperaban del sanchismo?”, ha manifestado la presidenta madrileña en una publicación dejando claro que culpabiliza al Ejecutivo de que su recurso haya sido tumbado por el tribunal. Además, Ayuso ha optado por intentar sacar su lado más humorístico y ha expresado que está “orgullosa”, evidenciando con la ironía que no se ha tomado bien la noticia del Constitucional.
El varapalo del Constitucional
El pleno del Constitucional, con la oposición del sector conservador, ha rechazado las objeciones que presentó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha aplicado el mismo criterio con el que ya había desestimado los recursos del Partido Popular, del Tribunal Supremo y de varias comunidades autónomas y tribunales territoriales.
En mayo de 2024, Ayuso anunció que las comunidades del PP iban a presentar "un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía", atribuyendo esta iniciativa legal a Alberto Núñez Feijóo. Así, numerosos territorios gobernados por el PP, junto con Castilla-La Mancha, presentaron recursos después de hacerlo tanto el propio Partido Popular como el Tribunal Supremo.
El recurso de la Comunidad de Madrid era uno de los últimos que quedaban por analizar en el Tribunal Constitucional, que anteriormente ya había rechazado, en esencia, todos los demás recursos. En junio, el Constitucional decidió sobre estos recursos, respaldando la ley de amnistía, salvo en ciertos aspectos. La mayoría progresista, al rechazar el recurso del PP, determinó que la medida de gracia no está prohibida por la Constitución y que responde a una finalidad legítima, descartando la idea de una "autoamnistía".
El tribunal declaró que el legislador puede actuar siempre que la Constitución no lo prohíba explícita o implícitamente, destacando en la sentencia que el motivo político detrás de la ley es jurídicamente irrelevante, ya que cualquier ley responde a "criterios de oportunidad política". El análisis solo debe centrarse en si existen circunstancias excepcionales para asegurar que no se trata de un mero "capricho", sino que busca una mayor paz social.
Finalmente, el tribunal negó que la amnistía requiera una autorización expresa en la Constitución y señaló que el "silencio constitucional" no implica prohibición. Asimismo, añadió que privar a la mayoría parlamentaria de opciones legislativas no excluidas por la Constitución supondría vulnerar el principio democrático.