No siempre que se crea polémica, los señalados acaban cambiando de opinión. No siempre, pero se podría decir que en el caso del Gobierno, la Generalitat y el Tribunal Constitucional ha pasado algo así. Aunque en un principio el Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguró que recurriría ante el Constitucional dos leyes catalanas: la antidesaucios y la de pobreza energética, finalmente sólo lo hará en parte.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que únicamente recurrirán varios artículos. En el caso de la ley sobre pobreza energética se impugnarán algunos aspectos procesales.

Esta marcha atrás, aunque sea parcial, llega 24 horas después de que Oriol Junqueras le pidiera expresamente a Sáenz de Santamaría que no presentarán recursos sobre las normas. Pero también después de fuertes críticas por parte de la PAH, Ada Colau y de acciones de protesta públicas, como la protagonizada por una periodista catalana que quemó en directo la Constitución española.

“Un libro con tapas falsas”

El pasado 12 de abril, la colaboradora de TV3 Empar Moliner utilizó su espacio diario de opinión ‘El comentari de Empar Moliner’, en el magazine de Les Matins, para denunciar que 895 familias pobres de Cataluña podrían sufrir cortes de calefacción si el Tribunal Constitucional daba la razón al Gobierno de Mariano Rajoy, que recurriría la le de pobreza energética.

Como protesta, quemó la Constitución Española incitando a esas familias a repetir su acción. En sus propias palabras, repetir una “quema simbólica de algunas páginas de un libro con unas tapas falsas”.

Semanas después, esta protesta ya no tiene base alguna, si es que la tenía. La vicepresidenta ha asegurado que no se han recurrido los aspectos fundamentales de la ley, sólo algunos artículos que el Gobierno considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles.

Son cuestiones como el procedimiento de mediación, "porque excede su función", o los requisitos previos a las interposiciones de demanda y otros aspectos civiles, de los que se pide su suspensión al Tribunal Constitucional.

Tampoco se recurre el principio de precaución, de manera que antes de realizar el corte de suministro, se avise o se tenga un informe de los servicios sociales municipales para ver si esa persona o unidad familiar están en riesgo de exclusión residencial, ni la información por parte del suministrador de los derechos relativos a pobreza energética.

La “arrogancia” del Gobierno

Esta media marcha atrás le ha sabido a poco a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha acusado al Gobierno de "arrogancia, imprudencia e irresponsabilidad".

"Que este Gobierno en funciones tenga muy claro que el Ayuntamiento de Barcelona junto a la ciudadanía y las entidades sociales como la PAH, que han impulsado estas leyes, valoraremos el contexto y seguiremos al máximo las capacidades con que cuenta el consistorio para garantizar el derecho a la vivienda y a los suministros", ha advertido.

Por ello, la que fuera portavoz de la PAH, ha anunciado que el pleno del Ayuntamiento ha aprobado pedir al Gobierno municipal que se comprometa a aplicar las dos leyes, aunque estén recurridas parcialmente.