El representante de CCOO en Canal 9 Ignacio Ángel ha dicho que las auditorías al ente público evidencian la “nefasta gestión realizada”. Una mala gestión que condujo al despilfarro, pero también al saqueo del dinero público. La cúspide de ese desfalco fue la visita del Papa Benedicto XVI en 2006. De los 7,4 millones de euros adjudicados a la empresa Teconsa (pantalla de la trama Gürtel por el contrato para la retrasmisión de la visita de Benedicto XVI, 3,8 millones no han sido justificados, según el expediente de la contratación. Uno de los imputados en la rama valenciana de este caso de corrupción fue el entonces director general de RTVE, Pedro Castro, que presuntamente se llevó medio millón de euros en comisiones.

El recorte de mil millones de Fabra
Ahora, la Generalitat que preside el sucesor de Francisco Camps, Alberto Fabra, va a ejecutar un tijeretazo de mil millones de euros para “alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público”. Además de a RTVV, los recortes afectarán a los funcionarios de la Administración, incluidos los sanitarios y docentes.

El momento actual y los excesos del pasado reciente
Sobre el recorte de RTVV, el presidente valenciano, Alberto Fabra, ha explicado que busca “tener un modelo de televisión que esté ajustado al momento actual”, que está marcado por la quiebra de la Comunidad Valenciana en buena parte provocada por los excesos del PP y de su anterior líder, Francisco Camps, empeñado en llevar adelante macroproyectos multimillonarios, cuya viabilidad han estaod en cuestión desde sus inicios, como fue el caso de las torres fantasmas de Calatraba, un complejo de rascacielos proyectado por el afamado arquitecto que nunca llegó a levantarse y que costó a la Generalitat 2,5 millones de euros.

Una deuda de 1.200 millones
Según El País, el secretario general de RTVV, Juan Prefaci, se reunió ayer con los sindicatos del comité de empresa para anunciarles la presentación del ERE, y aseguró que la cifra no va a superar los mil trabajadores. Son en total 1.800. El ente público valenciano acumula una deuda de de 1.200 millones de euros.