La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado al Consejo de Estado un informe para impugnar ante el Tribunal Constitucional la investidura del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Con este trámite, Rajoy paraliza, de facto, la candidatura de Puigdemont. Un alto en el camino que podría demorarse hasta cinco meses.

Y es que, según el artículo 161.2 de la Constitución Española, el Ejecutivo tiene la prerrogativa de “impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”, cuyo corolario es la suspensión inmediata de la disposición recurrida. El asunto quedaría en stand by a espera de que el Constitucional ratifique o levante el recurso, y el plazo puede demorarse hasta un máximo de cinco meses.

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