La Generalitat de Cataluña ha utilizado ayudas destinadas a cooperación para el desarrollo a proyectar el procés a nivel internacional, según publica El Confidencial.

El Tribunal de Cuentas, en uno de sus últimos informes, ha encontrado irregularidades en las partidas presupuestarias de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Según ha advertido el órgano de vigilancia, el Ejecutivo de Carles Puigdemont elevó la partida destinada a ayudas para cooperación y desarrollo un 222%. La Generalitat habría utilizado buena parte de estos fondos para aumentar presuntamente la sensibilización, educación, formación y valores de los catalanes con otros pueblos a nivel internacional.

Así las cosas, los gobiernos de Artur Mas y Puigdemont habrían incluido en dicho subvenciones destinadas a impulsar el procés, no a la ayuda o la cooperación con el tercer mundo. Por ejemplo, con estas partidas se financiaron proyectos como Cataluña para la abolición de las armas nucleares; Herramientas de fortalecimiento del tejido asociativo catalán hacia la soberanía económica y energética; Promoción del turismo rural comunitario entre los actores del sistema turístico catalán; Dame cine, ciberactivismo feminista por los derechos de las mujeres como defensoras de los derechos, y Derechos sexuales y reproductivos: fortalecer capacidades de incidencia en la agenda global 2030 y en la agenda catalana.

Casualmente, la mayoría de estos programas fueron organizados por asociaciones afines al procés, tal y como evidencia el citado diario. Por ejemplo, Cataluña para la abolición de las armas nucleares fue promovido por FundiPau y recibió 12.000 euros.

El Tribunal de Cuentas ha denunciado que no existe evidencia alguna que demuestre que estos programas estaban relacionados con la cooperación y la ayuda al desarrollo.

Asimismo, ha criticado que la escasa fiscalización, seguimiento y control que realizó la Generalitat sobre estos programas; al tiempo que ha aquejado que la ley catalana restringe el acceso a estas subvenciones de los colectivos que tienen su sede en la región y que sus directivos se encuentran también en el territorio. Según El Confidencial, esto sería para asegurarse su influencia sobre las asociaciones.

El incremento de la partida presupuestaria para las ayudas internacionales a países del tercer mundo es notable durante el año del 1-O. En el 2014 los fondos destinados al programa se situaban en los 3,9 millones; en 2015 ascendió hasta los 5,4 millones; en 2016 fue de 4,1; y en 2017 de 13,3.

Ese año, Diplocat, el ente público encargado de la imagen en el exterior y que gestiona la red de lo que se ha denominado embajadas catalanas, recibió un móntate total de 20.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona tiene abierta una investigación sobre una posible malversación que se saldó en mayo de 2018 con la detención de más de una treintena de dirigentes públicos y que mantiene a directivos de asociaciones imputados.