El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ante sí varios desafíos de cara al inicio del nuevo curso. Urgen medidas para mitigar la dramática escalada de precios de la factura de la luz, los Presupuestos Generales del Estado, las investigaciones de la Fiscalía sobre la fortuna presuntamente ilícita del Rey emérito Juan Carlos I, la regulación del mercado del alquiler, la crisis de Afganistán, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)… Para concretar todo, los socialistas requieren, lógicamente, de sus socios de Unidas Podemos; pero en otros muchos asuntos también del apoyo del bloque de la investidura. Sánchez espera contar con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para su agenda social, pero sus votos podrían peligrar por las dudas que ha sembrado en torno a la mesa de diálogo.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo advirtió durante el debate de investidura y lo ha recordado siempre que ha considerado necesario: la mesa de diálogo con Cataluña es condición sine qua non para que su bancada preste apoyo al Ejecutivo. No habrá legislatura sin mesa. Con el objetivo ya cumplido del 70% de población con la pauta completa de la vacuna del Covid-19, todo está listo para que la mesa retome los trabajos; pero desde el Gobierno se ha deslizado que Sánchez podría no estar presente en las reuniones.
La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vinculado la posible presencia del presidente del Gobierno a "si es útil o no", en función de los temas que se vayan a tratar, que aún no se han concretado. De hecho, en una entrevista en RNE, ha indicado que antes de valorar su asistencia se debe fijar una fecha y un orden del día. Por su parte, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, insiste en que Sánchez debe estar “y no entendería” cualquier otro escenario, pues “sabe la importante que tiene esta mesa”.
Fuentes internas de ERC consultadas por ElPlural.com admiten que se abre una nueva etapa de la legislatura. “Es la hora de la verdad”, creen; y argumentan que “después de 10 años se verá si hay diferencias reales en las políticas trascendentales de Trabajo, pensiones luz, fiscalidad…”. Pero de igual forma que es relevante la agenda social, no lo es menos “la mesa de negociación”, y “es ahora cuando veremos si era una estrategia para ganar tiempo o no”.
Una hoja de ruta inasumible
Recientemente, Aragonés se ha fijado una fecha concreta. Una suerte de deadline para que Cataluña decida su futuro: año 2030. “Cuento con que antes de 2030 hayamos llegado a un acuerdo para la resolución del conflicto político y que Cataluña haya votado”, dijo el 31 de agosto en TV3.
De esta forma, aumentó la presión sobre Sánchez, reclamando su presencia en la mesa de diálogo.
Sus aspiraciones no sentaron nada bien en el Ejecutivo, hasta tal punto de que la propia Rodríguez le respondió en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Hemos escuchado a Aragonés hablar de la independencia en un horizonte de 2030, este no es el camino del diálogo, del reencuentro, no es la forma que queremos transitar en las relaciones con Cataluña”.