La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Judith Piquet, acudirá finalmente este viernes a los Juzgados de la localidad por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Tras varios aplazamientos de la cita judicial, finalmente será este viernes cuando la alcaldesa acuda al Juzgado número 2 de Alcalá en calidad de investigada en una causa que puede conllevar la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de entre 1 y 3 años, al haber concurrido en un delito tras figurar como presunta autora de la filtración de documentos confidenciales de la Policía Local de Alcalá.
Los hechos se remontan a enero de 2024 cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convoca un Consejo de Gobierno para dar cuenta de presuntos sucesos que se estaban produciendo vinculados al centro de acogida de migrantes del municipio madrileño. En dicha reunión, la presidenta de la región se refería a brotes de sarna, peleas violentas entre los usuarios del centro y agresiones a vecinos de la localidad. Precisamente sobre esto último recae el grueso de la cuestión, ya que denunciaron en el Consejo una supuesta agresión sexual que un migrante del centro había perpetrado sobre una mujer.
Sin embargo, apenas un día después de estas acusaciones, la propia policía de la localidad lo desmintió, aclarando que lo que había sucedido era una agresión de un hombre a una mujer, sin tener esta ningún tipo de relación con los jóvenes del centro. Fue entonces cuando, en un intento de salvar y defender la equivocación de la presidenta madrileña, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y contacto estrecho de Piquet, compartió a través de su perfil de Twitter un informe policial insistiendo, nuevamente, en que sí que se habían producido esas agresiones.
Desvío de responsabilidades en el Gobierno local
Con todo ello, es en este tweet donde se encuentra el grueso del asunto. Al conocerse la filtración de este documento confidencial, la Fiscalía inició la pertinente investigación para esclarecer quién había sido el autor o autora de un hecho que era constitutivo de delito.
Por ello mismo, este viernes Piquet se presenta ante los Juzgados en calidad de imputada. Irá acompañada a su vez de diferentes agentes del cuerpo de la Policía Local de Alcalá, que se personan como testigos, no como imputados. Esto último ya refleja que la investigación de la Fiscalía señala como autora del delito a la alcaldesa, así como a Raúl Castillo, jefe de gabinete de la primera.
Al hilo de todo lo anterior, desde el grupo socialista de Alcalá de Henares, denuncian no solo el delito cometido presuntamente por la alcaldesa, sino los últimos y recurrentes intentos por parte del consistorio de desviar las responsabilidades al entonces jefe de la policía local, Rubén Jiménez. El portavoz del PSOE de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, lamenta que ahora intenten “culpabilizar al jefe de la policía cuyo testimonio es clave porque es quien dice que todo estaba bajo custodia”. “Quieren desacreditar a un señor que tiene una trayectoria profesional impecable que era policía nacional antes de regresar a su municipio, que tiene la cruz al mérito policial con distintivo rojo, que implica riesgo para su propia vida y diferentes condecoraciones”, añade Rodríguez.
Insisten en este sentido en el hecho de que desde que Jiménez asumió la dirección del cuerpo local, el propio gobierno del PP no puso ningún tipo de problemas, hasta que se produce la filtración. “Intenta cargárselo, y lo consiguen. Y ponen en su puesto al jefe de policía local de Torrejón, que es, a su vez, el jefe del marido de la alcaldesa”.
Por todo ello, desde el grupo socialista municipal esperan que este viernes Piquet “diga la verdad y asuma que en un momento de nerviosismo por salvar a la presidenta parece que cometieron errores que tienen carácter delictivo”.
Un mandato con “agenda judicial tremenda”
Al margen del caso que mantiene imputada a la alcaldesa, desde el PSOE de Alcalá lamentan que en tan solo año y medio de legislatura, “este equipo de gobierno ha generado una agenda judicial tremenda porque están cometiendo errores que pueden tener consecuencias administrativas o penales”.
En este sentido, recuerdan que el próximo mes de abril también declarará ante la Justicia Victor Acosta, segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox. “Acosta decidió cobrar el 100% del sueldo de concejal con dedicación exclusiva al cargo. Pero después solicitó compaginarlo con labores de asesoramiento a su empresa y otras del ramo, y el Pleno, con el voto de la alcaldesa, se lo aprobaron”.
Por todo ello, Rodríguez insiste en que no pararán hasta que Alcalá esté exenta de escándalos. “Como oposición tenemos dos tareas: hacer propuestas de ciudad y controlar al gobierno para que no cometa irregularidades. No hay semana que no veamos un escándalo, o algo que roza entre lo legal y la chapuza”.
