El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, exconsejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, ha negado ante el juez del caso Lezo cualquier irregularidad en la compra de Inassa, una empresa que, en su opinión, hoy valdría casi el triple de lo que costó. Calvo ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón junto a los exconsejeros de la empresa pública de aguas Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.

Calvo ha tenido tiempo incluso para ironizar con el tema cuando ha pedido agua y le han dicho que complicado poder hacerlo. "¿Qué pasa, que aquí no llega el Canal?", ha replicado sarcástico, según recoge El Confidencial.

El que fuera hombre fuerte de Gallardón en la empresa pública de aguas, a su salida del tribunal, ha culpado a Ignacio González de su situación. "Es el responsable de que estemos aquí", ha dicho. El exconsejero ha respondido a todas las preguntas de la Fiscalía, del juez y de las partes, "excepto del abogado de González".

Durante dos horas de declaración, Calvo ha defendido la compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares en 2001 e incluso ha asegurado que esta filial colombiana del Canal de Isabel II valdría hoy unos 200 millones de euros, por lo que la operación fue, a su juicio, beneficiosa para la Comunidad, según han informado fuentes presentes en la declaración.

Ha negado cualquier tipo de sobrecoste o irregularidad en la compra de la empresa colombiana, pese a que el juez cree que pudo existir "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales" para el Canal.

A preguntas de la fiscal Ana Cuenca sobre el grado de conocimiento y participación de Gallardón en la operación investigada en el caso Lezo, tanto Calvo como el resto de exconsejeros han negado conocer algo al respecto. Sin embargo, Calvo sí que ha apuntado que Gallardón, en su condición de presidente madrileño, podría haberlo conocido y que en tal caso le hubiera parecido una buena operación.

Desconocían la sociedad panameña interpuesta

Por su parte, todos los exconsejeros han explicado que dieron credibilidad al informe presentado por el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y entonces director gerente del Canal Arturo Canalda y por el exdirector de Nuevos Negocios José Antonio de Cachavera. Han precisado que éstos nunca le hablaron de que Inassa se compraría a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América sino que se haría mediante Canal Extensia, una sociedad vehículo creada al uso por el Canal para la compra.

Según la versión de los exconsejeros investigados, la explicación ofrecida por Canalda y Cachavera -citados a declarar el próximo 23 y 24 de enero, respectivamente- en las reuniones del 8 y 14 de noviembre del Consejo de Administración del Canal les pareció convincente pese a que recibieron la documentación con tan solo 24 o 48 horas de antelación y de una forma poco exhaustiva. Es por ello que -según las citadas fuentes- han querido dejar claro que si hubo irregularidades en la adquisición de la mercantil colombiana, ellos no lo podían saber.

Según el juez, esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.

Por estos hechos deberá declarar el próximo lunes el presidente de Adif, Juan Bravo, que formaba parte del Consejo de Administración del Canal en el momento de los hechos, junto con otros exconsejeros.