Una vez que el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha superado la tramitación en el Congreso de los Diputados es necesario proclamar que ha llegado la hora de construir el quinto pilar del Estado del Bienestar, el que asegure una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país.

Los Gobiernos del PSOE, encabezados por los presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, han sido la referencia de la socialdemocracia en España para apuntalar los pilares del Estado del Bienestar en nuestro País: La Educación, la Sanidad, las Pensiones y la Dependencia.

Ministros como Ernest Lluch, José María Maravall, Alfredo Pérez Rubalcaba, Joaquín Almunia o la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, junto a muchos otros miembros de los gabinetes del PSOE, forman parte de ese elenco de ministros y dirigentes socialistas que han luchado para que los ciudadanos de España tuvieran la oportunidad de distinguir los dos modelos de gestión que representan la izquierda progresista que defiende el Estado del Bienestar, frente a la derecha que apuesta por los recortes, por la privatización de los servicios públicos y por la diferenciación entre las élites y las clases trabadoras con menos recursos.

El actual presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido un nuevo ejemplo de como el Partido Socialista prioriza la equidad y la solidaridad. De todos los presidentes de la democracia, Pedro Sánchez ha sido el que ha tenido que afrontar los momentos más duros y difíciles frente a la crisis sanitaria, social y económica de la pandemia del Covid-19, y en estos momentos, de la guerra de Putin invadiendo y destruyendo Ucrania, con las terribles consecuencias también sociales y económicas para el resto del mundo.

Siempre pensando en apoyar a las personas con más dificultades, siempre presentando el “escudo social” para que nadie se quedara atrás. Apoyando a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, a los pensionistas, a los funcionarios, a los jóvenes o las mujeres en los momentos más difíciles.

Y en esa línea, el Proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, no es una medida aislada. Está junto a otras como el Bono Joven aprobado en enero o la promoción de más de 100.000 viviendas en alquiler o el aumento en casi un seiscientos por ciento del presupuesto en este ámbito, ya que todas ellas forman parte de una política de largo alcance. La Ley de Vivienda dará una respuesta necesaria a muchas familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 incluye una dotación presupuestaria de 345 millones de euros y está previsto que sea dotado hasta 2025 con un total de 1.717 millones de euros para ayudas estatales a la vivienda. Y, en este sentido, quiero poner en valor, la reciente aprobación del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

La Ley de Derecho a la Vivienda se trata de la primera ley estatal que desarrolla el derecho constitucional a la vivienda, uno de los compromisos del Gobierno para dar respuesta a situaciones de desamparo habitacional, con un texto legislativo que es solvente jurídicamente, que respeta la Constitución y que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El nuevo texto plantea establecer mecanismos de contención de precios en las zonas donde el mercado hace imposible el acceso a la vivienda no es una inadmisible interferencia del Estado en un mercado racional que funciona, sino una medida tendente a garantizar lo que señala nuestra CE en su artículo 47: El derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada del conjunto de la ciudadanía.

El mercado de la vivienda lleva muchos años pidiendo una regulación prudente, pero valiente, que asegure que las ganancias estratosféricas de unos pocos no impidan el acceso a la vivienda de otros muchos, especialmente de los más jóvenes.

Y quiero poner el acento en las contradicciones del Partido Popular: El mismo PP que ha recurrido las leyes catalanas de vivienda por considerar la materia de competencia estatal, ahora dice que es de competencia autonómico. El PSOE no va a caer en la trampa de la derecha, que lo que pretende es que siga existiendo ese vacío normativo para especular con las viviendas.

Respecto de la protección a los más vulnerables la nueva norma marca la obligación para todas las Administraciones Públicas de atender prioritariamente a las personas que viven en asentamientos o barrios especialmente degradados y segregados, así como a las que padecen situaciones de “sinhogarismo”.

El Gobierno ha incidido en que la plena consecución de esa protección a los más vulnerables no se conseguirá hasta que España no cuente con una oferta de viviendas asequibles que resulte suficiente.

Es decir, conseguir que la Vivienda sea el quinto pilar del Estado del Bienestar.