El Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con "excesos en el ejercicio de la libertad de expresión" para que sólo se castiguen las conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad.
En la propuesta del ministerio dirigido por Juan Carlos Campo se considerará que "aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales, debieran permanecer al margen del castigo penal", tal y como informa Moncloa.
En este sentido, el gobierno defiende que "el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada" para dar una respuesta a comportamientos que aunque puedan rozar la "ilicitud", un castigo penal supondría "un desaliento para la libertad de expresión tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión europea y la mayor parte de la doctrina española".
La iniciativa de Justicia llega en plena polémica provocada por la sentencia al rapero Pablo Hasél, que ha sido condenado a una pena de nueve meses y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo con la agravante de reincidencia y por injurias y calumnias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
