El conjunto de la ciudadanía ha observado con minuciosidad e interés la jornada de este miércoles en el Tribunal Supremo. Se esperaban con expectación las respuestas de los políticos hoy llamados a declarar. Si bien Mariano Rajoy era la joya de la corona, por su indudable protagonismo en el panorama del momento, no hay que dejar de lado la presencia de testigos del calibre de Soraya Sáenz de Santamaría, Joan Tardà, Artur Mas o Cristóbal Montoro.

A su presencia, suficiente para captar la atención mediática, se sumaba la obligatoriedad de los presentes a contestar a la acusación particular de Vox. Si bien los encausados tienen el “privilegio” de no contestar, los testigos no pueden acogerse a ese recurso.

Un ambiente tenso, pesos pesados del tablero político sometidos a examen y las partes tratando de inclinar la balanza con sus argumentos. Un clima de tensión en un escenario histórico que el juez Marchena ha tratado de delimitar desde el principio. A un lado y a otro, el letrado se imponía y pedía a los presentes que dejaran de lado los juicios de valor y se limitaran a formular preguntas y respuestas que ayudaran a aclarar los hechos.  

Mariano Rajoy, a escena

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha entrado tranquilo. Con ritmo pausado y sin alterarse en sus respuestas, ha empezado contestando las preguntas de la acusación popular. Con Ortega Smith, secretario general de Vox, en el papel de entrevistador, el otrora líder popular se ha limitado a incidir en la idea de que “solo los españoles pueden decidir qué es España”. Potestad del pueblo que, sumada a la excepcionalidad de lo ocurrido, forzó “por primera vez en la historia” la implantación del 155: “Yo no iba a permitir la ilegalidad. En las útlimas fechas tuve dificultades para hablar con Puigdemont, pero hubo mucha gente que me llamaba para ver si se podían arreglar las cosas. Lo único que era indiscutible era el respeto a la ley. No había que ser muy avispado para preveer lo que sucedería si seguían adelante". 

Llamadas que Rajoy ha delimitado en todo momento. A pesar de la evidencia, el que lo fuera todo en Génova 13 ha negado insistentemente que el Gobierno utilizara a nadie como relator o mediador entre las partes: “A todos les dejé claro que yo no negocio con la soberanía española y el respeto a la legalidad. Ellos lo sabían, eran plenamente conscientes de que esto no se iba a aceptar de ninguna manera".

El requerimiento solicitado a Puigdemont también ha salido a la palestra. La carta de Rajoy al entonces President de la Generalitat, en palabras del expresidente “no fue contestada de una forma lo suficientemente clara”. Además de aquel requerimiento, se instó al político catalán a dar un paso atrás en un plazo de tres días. Ultimátum que no cuajó y que acabó provocando la implantación del 155: “Considero que fue la medida idónea. Era preferible a emprender diligencias personales”.

Turno para la defensa

La conversación se ha ido recrudeciendo cuando ha llegado el turno a los abogados de la defensa. Las cargas policiales, la necesidad de contar con 6.000 agentes extras, la falta de diálogo, la petición de autocrítica o la supuesta financiación del referéndum con dinero del erario público han sido algunos de los temas puestos sobre la mesa.

Aun así, el expresidente popular se ha mantenido calmado y ha incidido repetidamente en la idea de que desde el Gobierno se llevaron a cabo las medidas necesarias para proteger el correcto funcionamiento de la Constitución Española y frenar la irrupción soberanista que abogaba por un proceso ilegal que pretendía dividir a los españoles.

Jornada lenta, pesada, en la que las diferentes bancadas no han perdido la oportunidad de emplearse a fondo. Sabían de la importancia del escenario, del peso de los llamados a declarar y del impacto de sus declaraciones.